Las bancas de apuestas de loterías fueron legalizadas a finales del siglo pasado, como forma de poner fin al control que sobre esos negocios ilícitos tenían grupos policiales y militares y para que se convirtieran en fuentes recaudadoras del Estado.
Hace más de 20 años que las autoridades perseguían riferos en barrios y comunidades rurales, a los que sometían a la justicia acompañados de “una lista numerada del uno al cien” y algunos pesos producto de las ventas del día domingo.
El brazo de la justicia nunca llegó hasta los grandes “aguanteros”, gente con conexión, influencia o complicidad con políticos, militares y policías, que controlaban millonarias redes clandestinas de juegos de lotería. La medicina escogida fue legalizar las bancas.
Michel Dicent, presidente de la poderosa Federación Nacional de Bancas, reveló a Diario Libre que en el país operan alrededor de 150 mil bancas de lotería, de las cuales sólo 30,750 operan con autorización del Ministerio de Hacienda, lo que indica que unos 120 mil sitios de juego son ilegales.
Tan poderosas son esas bancas que poseen representación directa en el Congreso Nacional para defender sus intereses, con legisladores que son dueños o accionistas de franquicias de juegos de lotería, que manejan más de 70 mil millones de pesos al año, según reveló el titular de la Comisión de Hacienda del Senado.
Para que se tenga una idea del nivel de influencia o poder de ese sector, el Congreso excluyó a las bancas de la lista de instituciones que serían sujeto obligado no financieros de la Ley de Lavado de Activos, por lo que no son pasibles de investigación por blanqueo de dinero ilícito.
El Estado aspira a recaudar unos diez mil millones de pesos anuales en impuestos si logra ejercer control sobre la inmensa cantidad de bancas de apuestas que operan en todas partes, recursos que en su mayoría provendrían del tuétano de la pobreza.
Las bancas de apuestas de lotería constituyen hoy una penosa realidad, que malogra los miserables presupuestos de la pobreza y a la vez genera miles de empleos en las aldeas de miseria y miles de millones de pesos al fisco. Una tragedia social a la que el recaudador saca provecho.
