La matanza de cuatro suramericanos en una vivienda del sector Cerros de Gurabo, Santiago, que las autoridades tipifican sicariato por ajuste de cuentas del narcotráfico, se une a otros sucesos recientes que alteran la paz ciudadana e indignan a los santiagueros.

La preocupación principal es el tipo delictivo de factura foránea y la aparente incapacidad estatal para contener el auge criminal y dar respuestas creíbles, que despejen fundados temores de permeabilidad de los organismos oficiales represivos. Las cifras son aterradoras. De 108 muertes violentas en los primeros ocho meses de 2011, según datos del Voluntariado por la Seguridad de Santiago (VOSES), casi la cuarta parte, 24, son atribuidas a sicarios.

Tres hechos por mes y casi uno por semana, con la circunstancia agravante de que la mayoría está impune y el detalle de que involucra en altísima proporción a extranjeros que los cuerpos antidrogas vinculan a cárteles del narcotráfico internacional.

El Estado está fallando, porque no garantiza el orden ni seguridad pública y específicamente la dirección de Migración evidencia desconocer acciones y antecedentes de extranjeros a los que autoriza ingreso y permanencia en el país sin condiciones, límites ni seguimiento.

La situación escapa de control oficial y genera aprehensión por la internacionalización criminal y peligro latente que el territorio nacional pase de trampolín del narcotráfico al gran mercado estadounidense a ruta preferida del tránsito de drogas por cárteles suramericanos y mexicanos. El secuestro y la cuádruple matanza en Cerros de Gurabo de tres colombianos y un venezolano, relacionada por la Policía con la ejecución el día anterior de un español, a mediodía frente a un parque, a menos de 500 metros de un cuartel policial, son sucesos que rebosan la copa de los santiagueros.

Estos casos no aparentan ser de difícil esclarecimiento, ni pueden quedar impunes con el paso del tiempo bajo la excusa policial de ajustes de cuentas ligados al bajo mundo de las drogas, sino que ameritan de completa solución que despeje dudas razonables sobre connivencia o protección oficial.