A l abordar el crimen del enriquecimiento ilícito, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, ha puesto el dedo sobre la llaga con la advertencia de que el nuevo Código Penal lo tipifica como una infracción autónoma que no requiere de otras figuras penales para ser procesado.

Los funcionarios públicos deberían prestar atención a lo dicho por la magistrada Reynoso, de que el nuevo estatuto permite el decomiso de los bienes adquiridos ilícitamente y la inhabilitación permanente del condenado para ocupar cargos públicos, lo que equivale a convertirse en un paria social.

El enriquecimiento ilícito se refiere al incremento significativo del patrimonio de un funcionario público respecto a sus ingresos legítimos que no pueda ser razonablemente explicado por quien lo detenta, una figura cuya tipificación fue siempre difusa en el vetusto Código Penal, que será reemplazado el año entrante.

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En una conferencia pronunciada en los salones de la Dirección General de Aduanas, la procuradora general resaltó también que el nuevo código contempla la responsabilidad penal de las personas jurídicas, lo que permite perseguir y sancionar a empresas involucradas en actos de corrupción, incluido su posible disolución.

Varias leyes tipifican y castigan el enriquecimiento ilícito, como la referida a la Declaración Jurada de Bienes, con penas de cuatro a diez años e inhabilitación para ocupar funciones públicas por 10 años, y la ley sobre confiscación general de bienes, que define ese ilícito como el abuso de poder para enriquecerse o enriquecer a otros.

En su disertación la titular del Ministerio Público también se refirió al alcance de la nueva Ley de Contrataciones Públicas que identifica ilícitos penales como la manipulación de pagos en obras públicas para beneficiar a particulares y perjudicar al Estado, pagar por bienes o servicios inexistentes y adjudicar contratos sin concursos.

Se acepta como razonablemente válido aplicar remedio de prevención para evitar que la corrupción enferme órganos vitales de la administración pública, pero siempre será imprescindible que ante la comisión de ilícitos penales contra el erario, el Ministerio Público persiga y someta a los tribunales a los inculpados y que el Orden Penal imponga las sanciones condignas.

La procuradora general ha puesto en auto a todos los funcionarios y colaboradores del Gobierno y del Estado, sobre lo que conlleva robar o sustraer dinero público, ante el incremento de las penas por crímenes de prevaricación, lavado de activos, colusión o enriquecimiento ilícito. La cárcel debe ser el destino de los corruptos.