Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader propuso este lunes al expresidente Leonel Fernández “cubrirle el pasaje, alojamiento y viáticos” para que viaje a Roma y discuta directamente con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), luego de que esa institución destacara que República Dominicana redujo la pobreza extrema a un histórico 3.6 %.

“Le he exhortado a que vaya a discutir con la FAO, pero no ha querido, que vaya con guantes de boxeo para pelear con ellos”, señaló Abinader durante su acostumbrado encuentro con los medios en el Palacio Nacional.

El mandatario enfatizó los avances en el poder adquisitivo de los trabajadores, recordando que al finalizar el mandato de Fernández en 2012, el salario mínimo del sector privado no sectorizado era de 9,900 pesos, equivalente a 247 dólares, mientras que su administración lo ha elevado a 27,988 pesos, unos 450 dólares. Además, anunció que en 2026 se prevé un nuevo aumento entre febrero y junio.

Sobre las críticas de Fernández respecto al incremento en el precio del pollo, Abinader aseguró que la verdadera preocupación del exmandatario es que actualmente los dominicanos compran más pollo que durante su gobierno.

“No se preocuparon por subir el salario real de los trabajadores, como lo hemos hecho nosotros, lo que significa mayor poder de compra”, subrayó.

Abinader también abordó el inicio del año escolar, asegurando que se llevará a cabo sin contratiempos a pesar de las irregularidades detectadas en el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie).

“Tenemos todo lo necesario para garantizar uniformes y zapatos escolares a los estudiantes del sector público. Invitaremos a los medios para que comprueben que el año escolar inicia con normalidad”, afirmó.

Abinader responde a Fernández y exhibe aumento histórico del salario mínimo.

El presidente recordó que la remoción de Víctor Castro, director del Inabie, y otros funcionarios responde a su compromiso de garantizar transparencia y eficiencia en las contrataciones públicas, reforzando la capacidad del Gobierno para suplir las necesidades del sector educativo.