Opinión

Quintaesencia

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Indulto motivado

El indulto otorgado por el presidente  Leonel Fernández, en diciembre recién pasado, generó un escándalo social de magnitud singular. Nunca la sociedad dominicana se había expresado como lo hizo por un perdón de ese tipo.

 El indulto es una figura jurídica que tiene un rango constitucional. Está consagrada en el numeral 27 del artículo 55 de nuestra Carta Magna. Dice que corresponde al Presidente de la República “Conceder indulto, total o parcial, puro y simple o condicional, en los días 27 de febrero, 16 de agosto y 23 de diciembre de cada año, con arreglo a la ley.” Por tanto, es un indudable derecho del Presidente.

 Indulto es una palabra que tiene su origen en el latín indultus, de indulgere, que significa concesión o favor. Conforme al Derecho Canónico, es una indulgencia, perdón o remisión de una pena religiosa, concedida por el Sumo Pontífice. Lo hace mediante una bula que tiene el poder de derogar el derecho común.

 No creemos, con el respeto de las opiniones contrarias, que en nuestro país el indulto sea una institución jurídica. Es una figura jurídica, una potestad presidencial. Para que se eleve a institución no basta con que esté contenido en la Ley de leyes, ni que su origen sea muy remoto, ni que incida en la vida social. La figura jurídica se convierte en institución cuando, además de reunir los señalados elementos, está especial y debidamente definida y reglamentada por el Legislador, para que no dependa sólo de la voluntad discrecional de una persona. El indulto es otorgado o negado por la apreciación del Primer Mandatario. Ni siquiera tiene que justificarse. Es parte de  sus atribuciones constitucionales. Nada más. Por ejemplo, el Habeas Corpus, el matrimonio, la familia, la tutela Y la quiebra, sí son instituciones jurídicas. Están estrictamente reglamentadas.

   Todos los beneficiados por el indulto presidencial son bien conocidos. Han tenido  vida pública. Son los señores Vivian Lubrano de Castillo, ex banquera; Pedro Franco Badía, dirigente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y ex director ejecutivo del programa gubernamental Plan para la Renovación Vehicular (Renove); Milcíades Amaro Guzmán, principal accionista de Terra Bus; Gervasio de la Rosa y Antonio Marte, transportistas, implicados en el caso Renove.

 La inconformidad de la sociedad con ese indulto fue tan grande que obligó al jefe del Estado a reconocer el malestar que causó su decisión. Admitió que el decreto 847-08 causó “decepción” en amplios sectores.

Se vio precisado a motivar a posteriori el indulto de la señora Vivian Lubrano. Las críticas fueron más ácidas e injustas con ella.

Fernández sentó un precedente auspicioso para una futura reglamentación del indulto. Afirmó: «La única causa que ha motivado la emisión de este decreto de indulto es una causa de razones humanitarias. Lo hemos hecho por conmiseración, lo hemos hecho por compasión.»

No conocemos un caso en nuestra historia republicana en que el Presidente se dedicara a motivar un indulto concedido. Esto habla muy bien del espíritu y la formación democrática de Leonel Fernández. Expresa el respeto que tiene por la opinión pública, y la preocupación que lo anima a realizar una gestión transparente.

También podemos afirmar que la ola de críticas y protestas que generó el indulto fue la expresión de una ciudadanía consciente, militante y vigilante. Eso es bueno, aunque disentimos de sus razones. Prueba que la sociedad dominicana está madurando a pasos agigantados. La democracia se  fortalece. Con hechos de esa naturaleza, todos salimos beneficiados. Es un ganar-ganar social.

Somos del criterio que todos los actos del poder público, sin importar el silencio de la norma, tienen que ser motivados. Sólo así se justifica la legitimidad democrática. La nación tiene derecho a conocer las razones en que los gobernantes fundamentan sus decisiones. Por tanto, proponemos que se reglamente el indulto con el imperativo de su motivación. Más aún, que se consagre expresamente en la Constitución, bajo pena de nulidad absoluta, la motivación como regla general para las decisiones de los gobernantes.

rafaelciprian@hotmail.com 

El Nacional

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