El asesinato del agrónomo Enrique Elías Comprés, empleado del Ministerio de Agricultura, es otro eslabón de la encrespada ola de violencia que últimamente ha cobrado varias víctimas, entre las que figuran oficiales de la Policía. La mucha sangre que ha corrido estos días evidencia que la delincuencia todavía está por su cuenta a pesar de los 14 mil agentes con los que el presidente Leonel Fernández anunció que se reforzará el patrullaje policial. El miércoles de la semana pasada el capitán de la Policía Darwin Ramón Polanco, de 32 años, fue mortalmente herido por desconocidos que lo balearon cuando se dirigía a su residencia de la calle Eusebio Manzueta, de Villa María. Como señal de que la delincuencia está en pie de lucha, el agrónomo fue baleado alrededor de las 7:00 de la mañana de anteayer cuando se disponía a abordar una camioneta de Agricultura. Los homicidas sólo pudieron despojarlo de un anillo de graduación, lo que hace presumir que el móvil del crimen fue el robo. Es verdad que la Policía tiene que reforzar la seguridad ciudadana, pero la escalada que ha tomado la delincuencia plantea que se necesitan medidas complementarias para combatir una violencia que tiene en ascuas a la población.
Millones en el aire
Más de 700 millones de pesos podrían perderse si al final es rechazada la polémica reforma educativa que trata de imponer el Ministerio de Educación. Sería por demás el colmo que en un momento en que el Gobierno alega que no hay recursos para mejorar el presupuesto de Educación se esfume una suma tan respetable por un simple problema de coordinación. Hasta la titular del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Ligia Amada Melo, se ha opuesto al texto integrado de la educación media, el cual, de acuerdo con lingüistas como Andrés L. Mateo y Manuel Núñez, también viola la Constitución. Al texto, no consensuado, se ha objetado que no coloca la lengua española como asignatura central. El titular de Educación, Melanio Paredes, se ha defendido señalando que el estudio no ha sido resultado de la improvisación, sino de un año y seis meses de trabajo. El problema es que por la oposición que ha surgido se podría perder una millonada.
