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Desacato judicial

El respaldo que ha recibido el procurador general de la República para enfrentar la corrupción no significa, en modo alguno, un cheque en blanco para violar ni siquiera en el más escandaloso de los casos la Constitución y las leyes. Ni en cuanto a lo que se denomina debido proceso para garantizar los derechos y la presunción de inocencia del imputado, pero tampoco con desacatos de mandatos judiciales.

En el caso del senador Félix Bautista sus abogados alegan que por órdenes de Francisco Domínguez Brito no se ha ejecutado la sentencia del juez Frank Soto que dispuso descongelar los activos de una inmobiliaria de la que el legislador es el principal accionista. De ser cierto, Domínguez Brito no solo contamina el proceso por enriquecimiento ilícito, lavado de activos y otros cargos contra el senador por San Juan de la Maguana, sino que atenta contra la seguridad jurídica y el Estado de derecho. Al margen de que a estas alturas de juego no debería hablarse de una lacra tan ominosa del pasado, que se prestó a tantos abusos de poder, como los desacatos judiciales. Por más contundentes que sean las pruebas que se puedan poseer contra el legislador, el Ministerio Público deja muy mal parado el sistema al ampararse en ningún elemento para desobedecer un mandato judicial. Aunque se trate de una monstruosidad.

Bromato  de potasio

Las autoridades no han tardado, como tenía que ser, en iniciar las investigaciones sobre la denuncia de la Unión Nacional de Pequeños Industriales de la Harina de que en el país se vende un pan importado que se elabora con bromato de potasio. Por tratarse de una sustancia cancerígena que ha sido prohibida en Estados Unidos la denuncia, sin importar que la haga una parte interesada, tiene que aclararse. El consumidor, además de no reparar en los componentes, se hace más pasible de cualquier riesgo por la todavía marcada preferencia por el producto importado. La investigación, por tratarse de un producto nocivo para la salud, además de estar prohibido, tiene que contemplar sanciones. Se ha adelantado que es posible que se tratara de una falsa alarma, pues no se ha encontrado en el pan importado ningún elemento tóxico, pero la investigación tiene que completarse con el más estricto rigor. Cuesta aceptar que los procesadores de la harina hagan la denuncia para afectar la competencia.