Contra corrupción

La tormenta que se ha levantado contra la corrupción en Guatemala no solo ha provocado la caída de la vicepresidenta, quien tuvo que renunciar en medio de un escándalo, sino que ha puesto a tambalearse al presidente Otto Pérez Molina. Más de 20 mil personas se concentraron el sábado en el centro histórico de la capital para exigir a Pérez Molina que deje el cargo y a la exviceperesidenta Roxana Baldetti, así como al exministro de Energía y Minas, Erick Archilla Dehesa, que devuelvan lo que supuestamente defraudaron al erario.

El Gobierno de Pérez Molina es señalado por corrupción desde hace alrededor de un mes, cuando una comisión de la Organización de las Naciones Unidas y el Ministerio Público desarticularon una supuesta estructura de estafa fiscal y aduanera, que estaría dirigida por el secretario privado de la exvicepresidenta. El escándalo provocó la creación del movimiento “ #RenunciaYa”, que el sábado convocó la manifestación en demanda de la renuncia del presidente Pérez Molina. La demostración aglutinó a empresarios, comerciantes, religiosos, amas de casa, estudiantes universitarios y los más diversos sectores que ven en la corrupción el escaso desarrollo del país. Otro sonoro aviso sobre el ejercicio del poder.

Tarea para procurador

A raíz de la evidente demora del Tribunal Constitucional para fallar un recurso elevado en 2013 por el empresario Adriano Román para que se revise la ratificación de su condena, trascendió una comunicación en que el recluso alega que ha sido torturado psicologicamente y despojado de prendas en la penitenciaría de Rafaey. Los detalles que cita constituyen una flagrante violación, lo que hace necesario realizar una investigación para determinar la veracidad.

En un Estado de derecho las prerrogativas de los reclusos son sagradas, sin importar el delito por el cual hayan sido condenados. Pero Román le pone otra tarea al procurador Francisco Domínguez Brito al reclamar que por su avanzada edad y malas condiciones de salud se le otorgue, no la libertad, sino prisión domiciliaria. Hay que determinar lo que establece la ley al respecto, pues si procede no hay más que concedérsela. De lo contrario podría tratarse de una suerte de tortura, lo que hablaría muy mal de sistema penitenciario.