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Trabas inmigrantes

Es obvia la impotencia que exhibe el ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, al exponer los inconvenientes que afrontan indocumentados haitianos para acogerse al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros. Empresarios que utilizan la mano de obra haitiana les niegan a los trabajadores desde un permiso hasta la expedición de una certificación para que puedan regularizarse en los centros que operan en el país.

No basta, sin embargo, con que Fadul reconozca la irregularidad que perjudica a miles de inmigrantes haitianos, sino que tome las medidas necesarias para corregirla. Porque con los trabajadores se comete también una violación al ser empleados sin contratos, no pagar seguridad social e incumplir otros requisitos laborales.

Lo saben bien las autoridades. Con un plazo que vence el 16 de junio es necesario que se agilicen y desbloqueen los trámites para que el programa no termine en una frustración al legalizarse menos de un 50% de los haitianos residentes en el país en condiciones irregulares. Los inconvenientes citados por el funcionario en adición a los que han expuesto organizaciones que de defienden a los inmigrantes podrían crear una atmósfera hostil para el país en el plano internacional.

Ley de Aduanas

Parecía que el proyecto de Ley de Aduanas sancionado por el Senado era resultado del más amplio consenso. Pero los misiles del director de Aduanas, Fernando Fernández, en el sentido de que la pieza respondió a un compromiso político plantea sus interrogantes. La Cámara Americana de Comercio considera el proyecto como una necesidad para mejorar el nivel de competitividad.

Pero por la reacción del director de Aduanas la pieza, que ahora será conocida por la Cámara de Diputados, no fue, como se dijo, resultado de consenso alguno entre los sectores público y privado. Fernández señaló que el proyecto surgió como una promesa que realizó el senador Reinaldo Pared Pérez para favorecer a las empresas de courier. Y como si fuera poco subrayó que “en los hechos esa ley se ofreció, se vendió y se compró”. Al margen de los señalamientos, el sector empresarial la ha ponderado como una herramienta que facilita ventajas competitivas al país por su ubicación estratégica. Pero no existe el tal consenso.