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Descartado que se tratara de un atraco, el atentado contra el abogado y activista social Remberto Pichardo Juan, ocurrido el lunes en la noche próximo a su residencia, adquiere un matiz que amerita de una exhaustiva investigación. Pichardo Juan, hijo de la exfiscal del Distrito Nacional, Josefina Juan viuda Pichardo, forma parte del movimiento “Toy Jarto” y es de los abogados de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción y de la Coalición por una Educación Digna. Para evitar que se relacione el atentado con sus actividades y denuncias contra la corrupción, que han incluido querellas contra funcionarios, convendría una investigación para aclarar el inquietante suceso. Fue herido de dos balazos a eso de las 11: 30 de la noche por desconocidos que lo atacaron cuando llegaba con su esposa a su residencia del sector El Cacique. Al pensar que se trataba de un atraco, el abogado dijo que se dispuso a entregar todas sus pertenencias, que sus atacantes  rechazaron. Pese a la inseguridad que no se puede negar, el caso no parece propio de la delincuencia común. La Policía tiene que emplearse a fondo tanto para capturar a los sospechosos como para establecer las reales causas del atentado contra el abogado y activista social.

Acuerdo en limbo

La dificultad del Gobierno para cumplir con la meta fiscal es el gran obstáculo para el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Así lo ha admitido el ministro de Economía, Temístocles Montás, quien tras declarar que será en febrero cuando concluirá la revisión de los últimos dos tramos dijo que la extensión delconvenio dependerá del presidente Leonel Fernández. Pero conforme a afirmaciones que se le atribuyen, es difícil que en medio del proceso electoral Fernández se aboque a extender el convenio con el organismo. El propio Montás lo dio a entender al señalar que no es necesario un acuerdo con el FMI, como han reclamado distintos sectores, para que el Gobierno tenga un manejo prudente de la economía. Montás insiste en atribuir al petróleo el hecho de que no se pueda cumplir con las metas fiscales, aunque diferentes sectores entienden que el Gobierno tendría menos presiones si también reduce significamente su política de gastos.