Será pura casualidad, pero no deja de llamar la atención que la apertura de la campaña electoral coincidiera con el plan de los taxis amarillos, el programa de becas para los estudiantes universitarios y la distribución de estufas con sus tanques de gas en las comunidades más necesitadas. Tras un rodeo inicial el presidente de la Confederación Nacional de Transporte (Conatra), Antonio Marte, admitió que el Gobierno dará facilidades financieras para la compra de los vehículos. Por otro lado, el vicepresidente Rafael Alburquerque inició en Río Limpio, Elías Piña, la entrega de unas tres mil estufas a familias de esa comunidad, Dajabón y Montecristi. Para completar, la ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, Ligia Amada Melo, anunció que los estudiantes universitarios serán beneficiados con bonos de hasta tres mil pesos para la adquisición de materiales. Quizás sólo sea mera coincidencia, pero que los operativos se inicien en la apertura de un proceso electoral tienen que exhalar su tufillo político. Sin embargo, lo que más llama la atención es el trato preferencial dado por el Gobierno a la empresa del transporte que importó los vehículos que serían utilizados para el servicio de taxis. Debió mediar una licitación.
¿Por qué esa saña?
Si es como ha denunciado su abogada, se trata de una maldad la retención en la cárcel del esposo de la presentadora de televisión Sarah Pepén. La licenciada Zenaida Carrasco expuso que a Affe Gutiérrez Gil se le impusieron tres meses de prisión como medida de coerción, pero, pese a que lleva más de un año, se le ha negado la libertad. El proceso contra Guiérrez Gil se ha prestado desde el primer momento a muchas conjeturas. No se ha verificado si es verdad, como alega, que estaba en prisión cuando ocurrió la muerte, de la cual ha sido acusado, del jovencito de 15 años Wester Junior Solís. Tras la medida de coerción la Corte de Apelación de Santo Domingo tuvo que aplazar un recurso porque el fiscal alegó que el expediente se le había quedado en su oficina. Y ahora, pese a que lleva mucho más de los tres meses que se le impusieron tampoco se le quieren reconocer sus derechos. Todo indica que los derechos no cuentan cuando se interponen aparentes sectores de poder.
