RADAR

Todavía ni siquiera se ha aprobado el paquete fiscal, cuando los precios de varios artículos de primera necesidad han comenzado a dispararse. De alegarse que los aumentos no son por los vientos que sopla la reforma, entonces mejor es confesarse desde ahora, porque lo que vendría sería inaguantable. Los combustibles, la energía eléctrica y el panorama internacional inciden en la escalada. No se puede negar. Pero lo cierto es que se trata de una vieja práctica que desde que se anuncian nuevos impuestos de inmediato comienza la especulación con los precios, sin que haya manera de ponerle freno. Es lo que indican los incrementos escandalosos que sufren los  debilitados consumidores. Y es probable que la situación no sea peor por la determinación de Altagracia Paulino, la directora del Instituto Nacional de Protección al Consumidor (Pro Consumidor), quien por lo menos ha enfrentado el desorden. El Gobierno tendrá que buscar algún paliativo para evitar que, además de los impuestos, las alzas de precios se traguen no sólo el ligero aumento de  sueldo de los trabajadores, sino los salarios con toda la familia. Como pinta el panorama, la gente no podrá afrontar las alzas que desencadenarán los nuevos impuestos.

Inercia cómplice

La inercia de las autoridades judiciales ha devenido en un sospechoso pie de amigo de las mafias inmobiliarias. El diario digital Elsiglo21.com cita el caso de la señora Irma Altagracia Pérez, residente en España, quien no ha podido obtener una vivienda que pagó hace tres años. Sus viajes a la Fiscalía del Distrito Nacional y a todas las instancias públicas han sido en vano.  No hay forma de que la inmobiliaria que le vendió el inmueble cumpla con la entrega de la propiedad. Pero no es el único caso. También refiere la suerte del comerciante Gilberto Almonte García, a quien durante un embargo ilegal, basado en un supuesto conflicto laboral, despojaron de un vehículo que ni siquiera era de su propiedad. No ha habido forma de que el Ministerio Público de la provincia Santo Domingo ampare al comerciante ni al propietario del vehículo. Con un Ministerio Público tan indiferente, la delincuencia tiene que sentirse estimulada. Es lo que se nota con los embargos ilegales.