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El Gobierno cedió frente al gravamen a los activos de la banca comercial. No sólo accedió a limitarlo a dos años, sino que acordó excluir los depósitos y el encaje legal. Habría que ver ahora si el Fondo Monetario Internacional (FMI) comparte el arreglo a través del cual el Gobierno se libera de las presiones de la banca comercial contra la reforma tributaria. Es obvio que todavía quedan muchos puntos por aclararse sobre un  acuerdo que, de entrada, deja algunos cabos en el aire. Puede pensarse  que el convenio con el FMI para sanear la economía es sólo coyuntural o que el Gobierno esperaba obtener más recursos de los que realmente necesita para reducir el déficit al tres por ciento del PIB pactado con el organismo financiero. De todas formas, y aunque  cediera en algunos aspectos, el convenio representa un triunfo mediático para las autoridades al conseguir el respaldo de la banca al paquete fiscal. En tal sentido, el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, y el ministro de Hacienda, Daniel Toribio,  se anotaron un valioso punto político. Aunque cabe anotar que la tormenta no ha pasado. Con el acuerdo la banca desmiente los temores de que sería fatal para la economía que se gravaran sus activos con un uno por ciento.

Al borde del abismo

Los desafíos enarbolados por la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa simplemente colocan a ese sector al borde del abismo. Por el alza de la electricidad, de los combustibles, las pocas facilidades de crédito y las violaciones que atribuye al Gobierno con la ley de compras puede que los días del sector estén contados. La verdad es que la situación es difícil para un segmento que, en lugar de desarrollarse, no ha hecho más que contraerse. Las pequeñas y medianas empresas tienen su incidencia en la economía, no sólo a través de la ocupación familiar. Es obvio que con los problemas planteados, sin que se haya aprobado el paquete fiscal, el sector no podrá cumplir siquiera con el aumento del  salario mínimo. Las autoridades deberían hacer algo concreto para salvar a los pequeños y medianos empresarios. Siquiera cumplir con el balón de oxígeno que representa la ley que obliga a destinar un 15 porciento de las compras públicas a ese sector.