RADAR

El proceso contra los implicados en la  red del fugitivo boricua José David Figueroa Agosto, aplazado para el 23 de este mes, constituye otro candente reto para la capacidad e independencia del sistema judicial. Los inculpados, contra quienes la Fiscalía del Distrito Nacional dice que tiene más de 300 pruebas que los comprometen en la violación de la Ley de de Drogas y en lavado de activos, ya han sido víctimas de un juicio mediático. No ha dejado de llamar la atención que en mantener en prisión a los supuestos relacionados con el fugitivo boricua se ha puesto más empeño que en la propia captura de éste. Se espera que las pruebas con que dice contar la Fiscalía sean lo suficientemente contundentes para evitar que el proceso se desplome y, como en otras ocasiones, se monte una campaña de descrédito contra la Justicia. Todos los coacusados, a quienes con excepción de Sammy Dauhajre se ha negado la libertad bajo fianza, se han declarado inocentes desde el primer momento. Pero los jueces tienen también el reto de enfrentar las presiones y proceder conforme a la Constitución y las leyes. El aplazamiento del proceso para declarar en rebeldía a Figueroa Agosto y otros prófugos parece, por su escaso peso jurídico, una primera muestra de debilidad.

Control de  las Edes

La decisión del vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) de presidir el consejo de administración de las distribuidoras de electricidad se presta a confusión. No se sabe si se trata de un consejo paralelo o de la sustitución de los cuerpos que operan en cada una de las tres comercializadoras.  Celso Marranzini, Ramón García Tatis, Magín Díaz y Mirna Lorenzo representarán al Estado ante los consejos de administración de Edesur, Edeeste y Edenorte. Pero se tiene entendido que las mismas funciones cumplían los miembros de los consejos designados por el Poder Ejecutivo. Las funciones tienen que aclararse, aunque en la práctica los bien remunerados consejos de administración no sean más que decorativos. Es obvio que se trata de una intervención administrativa, sobre la que tienen que esperar los resultados, que al parecer decreta la eliminación de los cuerpos que deberían regir las operaciones de las distribuidoras.