En la última reunión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, los países miembros se quedaron sin respuestas para articular un proyecto viable para solucionar o disminuir la grave crisis de Haití, sumido en una ola de violencia, donde tienen predominio numerosas pandillas fuertemente armadas que controlan casi totalmente su territorio, incluyendo gran parte de su capital, Puerto Príncipe, cuya repercusión se siente en otras naciones que afrontan una inmigración ilegal agresiva que perturba la tranquilidad de sus ciudadanos.

La ONU se limitó a extender por un año su misión en Haití, y a concederle un mes de plazo a su secretario general, Antonio Gutiérrez, para que rinda un informe detallando el espectro completo de opciones que la ONU pueda ofrecer para mejorar la situación de seguridad del convulsionado país, inmerso en una ola de muertes, secuestros y asaltos que afectan a su población y a los extranjeros que visitan ese país, desafiando el peligro que no garantiza la vida de ninguna persona.

Al terminar la sesión de la ONU sin un acuerdo con respecto a Haití, encendió la voz de alarma, lo que impulsó al Listín Diario a escribir un editorial con el título “La Hora Suprema para la defensa del País”, donde plantea que el gobierno no debe perder tiempo de poner en marcha desde ya un estricto programa de defensa de la seguridad nacional, teniendo como foco estratégico la frontera y a seguidas llama a trazar “lo que llamó” La Raya de Abinader, enumerando una serie de medidas que el jefe de Estado debería adoptar para la potencial amenaza al país por el conflicto agravado de nuestros vecinos y plantea el cierre definitivo de la frontera al término de este mes con extraordinario blindaje militar, a todo tipo de tráfico.

Hay que ser justos y reconocer que el presidente Abinader ha sido un abanderado de la lucha por proteger la soberanía e identidad nacional, y su voz se ha sentido en todos los foros internacionales para que las potencias mundiales y otros países, acudan en ayuda de Haití, pero parece que clama en el desierto, pues la comunidad internacional se ha desentendido de ese conglomerado humano que sólo tiene el mar y el terruño dominicano para huir de la vorágine de violencia y del hambre desesperante que los agobias durante décadas.

Ahora más que nunca, se impone que Abinader ordene mayores restricciones, a los fines de impedir que aumente el volumen de la inmigración y paralice el paritorio haitiano que se traga gran parte del presupuesto de Salud y cierre las entradas a los hospitales públicos de las embarazadas dominicanas por falta de camas, lo que está obligando a mujeres de escasos recursos económicos a dar a luz en las clínicas privadas.

La Constitución de la República obliga al primer mandatario a garantizar a los habitantes de esta parte de la isla, tener acceso gratuito a la educación y a la salud, derechos vulnerados por los haitianos que llenan las aulas de sus hijos, quitándoles a nuestros niños el pan de la enseñanza.