La Fundación Progreso, Seguridad Social y Salud consideró que las empresas privadas han demostrado capacidad para manejar los riesgos de salud de las personas inscritas en el régimen subsidiado, por lo que no ve justificación para el traspaso de los empleados públicos al Servicio Nacional de Salud (Senasa).

La organización aseguró que esa decisión fomentaría el monopolio en el sistema de administración, en violación a lo que establece la Constitución de la República. «Sería inconstitucional y un privilegio irracional la pretensión de traspasar al Seguro Nacional de Salud los empleados públicos que cotizan dentro del régimen contributivo, establecido en la Ley 87-01», expresó la entidad en un comunicado.

Insistió en que en los últimos años, las empresas en las que el Estado ha delegado la administración de los riesgos de salud de los inscritos en el sistema, han demostrado capacidad de atender, «de forma eficiente» esa responsabilidad. «Esa disposición otorga a SENASA un monopolio sin que se justifique su necesidad, además de constituir una clara violación al artículo 219 de la Carta Magna, que establece un principio de suibsidiaridad condicionada del Estado», agrega.

Recordó que el referido artículo establece que el Estado debe fomentar la iniciativa económica privada, creando políticas necesarias para promover el desarrollo del país.

La disposición traspasa al Senasa los empleados públicos que tienen seguro privado, lo que provocó críticas de parte de organizaciones sindicales y privadas.

“Como podemos ver, la Carta Magna condiciona el accionar económico del Estado al principio de subsidiaridad. Este concepto constitucional de acuerdo con la doctrina, se refiere a la función económica residual que debe de mantener el Estado en un modelo de promoción de la iniciativa privada”, señala.