La práctica ha demostrado, en los últimos años, la fragilidad del sistema de justicia en República Dominicana. Inocentes condenados y culpables liberados, es común en los tribunales del país, más cuando se cuenta con el padrinazgo de algún ente político o empresarial.
De ahí que cuando la sociedad habla de sobornos en la compra de los Tucano o para obtener contratos de construcciones de obras del Estado, la gente piensa en el dinero de la población que dos o tres “vivos” se llevaron a cuentas personales. Los sometimientos a la justicia interesan poco, pero los recursos económicos que son de todos. Eso sí interesa a la gente.
De ahí que en el caso que involucra a los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, la mayoría de las naciones han optado por recuperar el dinero que dejaron de ganar o el que perdieron. Estados Unidos, Ecuador y Perú están en esos trámites.
Eso es sencillamente lo que Estados Unidos hace a través de organismos como el Departamento de Justicia y las iniciativas como la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, bajo el manto de la lucha contra la corrupción y la protección de la competencia. Indulgente con sus propias empresas, que no pagan más de unas decenas de millones de dólares en multas, pero este país tiende a ser mucho más duro con empresas extranjeras.
Tanto es así, que la lista de las principales compañías castigadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos para la corrupción en terceros países, como el caso de Rusia, casi nunca son de capital estadounidense. Es parte de la estrategia para proteger a lo suyo.
En el caso que nos toca a los dominicanos lo saludable sería buscar una solución en la que el Estado no salga perjudicado ni tampoco las empresas locales. Así lo están haciendo otras naciones, incluyendo a Estados Unidos.
Recordemos que a raíz del escándalo de Odebrecht el Estado brasileño ha dejado de recibir 46 mil millones de dólares en impuestos, mientras cerca de dos millones de brasileños se han quedado sin empleos.
Aquí debemos buscar una solución en la que: “no valga más la sal que el chivo”, y en la que el circo no sea la prioridad de las autoridades sino la protección de las empresas nativas y el bien común.
