Reformar la Justicia

El debate sobre la Justicia, luego de los escándalos que le han venido arropando recientemente, se mantuvo alrededor de cambios cosméticos tendentes a sustituir magistrados en las Altas Cortes y no en reformas estructurales que mitiguen el riesgo de que este tipo de cosas sigan suscitándose a futuro.

La propuesta emitida por la Escuela de Derecho de la Universidad Católica de Santo Domingo da un giro interesante, al plantear una modificación en la forma que se compone el Consejo Nacional de la Magistratura lo que necesariamente implica un cambio a la actual Constitución. Si estamos dispuestos a llevar las cosas a ese nivel, ya sí el debate de la reforma a la Justicia, a mi juicio, se pone interesante.

Es importante que resalte que si bien la idea de que entes apolíticos como los Decanos de las Escuelas de Derecho, la sociedad civil y, en teoría, el Colegio de Abogados entren dentro del CNM, como propone la Escuela de Derecho de la UCSD, me parece atractiva, la realidad es que en cualquier sociedad que se digne llamar democrática la idea de que personas que no son sometidas al escrutinio y elección por parte de todos los ciudadanos (como todas las entidades propuestas) no deberían participar dentro de un ente como el CNM con calidad de elegir a los representantes de un Poder del Estado. En estas sociedades el poder emana y reside en el pueblo, no en mano de unas cuantas élites.

Eso dicho, sí estoy de acuerdo en que la forma de elegir a los magistrados que componen la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional debe ser modificada, más aún, iría más lejos e incluiría una modificación a la forma de elección del Procurador General de la República, para que todos sean designados por propuesta del Poder Ejecutivo aprobada por la Cámara de Diputados como el ente más representativo de nuestro Congreso bicameral. Adicionando como requisito indispensable para la elegibilidad a cualquiera de esas posiciones el cumplimiento de al menos 10 años dentro de la Carrera Judicial o del Ministerio Público.

Entiendo que debe rescatarse la permanencia hasta el retiro, renuncia o comisión de faltas graves en los jueces y que se establezcan períodos de 3 años para la permanencia del Procurador General pudiendo ser este vuelto a ser designado por un período consecutivo adicional.

En materia de justicia la independencia queda más garantizada en el equilibro de fuerzas en las entidades llamadas a designar a jueces y procuradores al momento de su selección, y en como queda la balanza de incentivos respecto de su permanencia en los cargos una vez estos son asumidos, como lo viene demostrando el escándalo de corrupción en Brasil. Los quienes siempre serán pasajeros y no van a sobrevivir a las instituciones.

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