Temprano, la JCE define su sentido de responsabilidad con el proceso electoral planteando la necesidad de reformar las leyes que regulan el sistema electoral dominicano: Ley Num. 15-19, de Régimen Electoral, y la Ley Num. 38-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.Ahora la prioridad es, además, la proclama reeleccionista del PRM que irrumpe como el rayo.Previo a su entrega al Senado, ya lo hacía en consulta con los partidos en 2021, en asuntos como: financiamiento, administrar sus procesos internos, lista de elegibles o voto preferencial,etc., pero son reformas para zanjar tantas carencias,demandas y fortalecer la democracia y los partidos.

Que sean propuestas claras, detalladas y transparentes para que el legislador construya un andamiaje jurídico que deje satisfecho a los actores, sin traumas, con explicaciones precisas sobre lo aprobado y evitar aquellas sugerencias que se lanzan antes o después, que por su naturaleza tan amplia y su absurdidad no se toma en cuenta. Hay que evitar atolondramientos.

Por tanto, esta iniciativa de JCE debe ser abordada ahora, sin improvisaciones o deseos del Ejecutivo, como suele suceder, y lo vivimos en el pasado próximo, que se le ocurra alguna modificación poniendo en peligro la gobernabilidad y estabilidad democrática por tratar de reforzar el poder en su partido en detrimento de otros compañeros.

Y lo hacen con la anuencia y participación de verdaderos subalternos en los órganos electorales, razones que demuestran la falta de lealtad a las instituciones rectoras y a la Constitución. Pienso que todas estas sugerencias si se llevaran a cabo con suficiente tiempo ganaríamos todos:los partidos, las autoridades y los ciudadanos, evitándonos la acostumbrada zozobra social y política que se origina. Por eso lo necesario es el efecto “filtro” y el debate temprano pues la experiencia histórica nos dice que las elecciones dominicanas terminan debilitándose en su propia credibilidad por los apresuramientos e impulsos congresuales con los que se abordan.