El presidente de la República, licenciado Luis Abinader Corona, ha ordenado la repatriación de los extranjeros indocumentados que tenemos en el territorio nacional. Reflejó la energía de su voluntad al especificar que serían unos diez mil expatriados por semana.

Obsérvese que hemos dicho que la medida va contra los “extranjeros indocumentados” y no “extranjeros ilegales”. Creemos que las personas no deben ser consideradas como ilegales en ninguna parte del planeta Tierra, sin importar el país donde haya nacido.

Para respetar el derecho de los Estados nacionales, principalmente su soberanía, su potestad de controlar la condición y permanencia de los extranjeros en su territorio, pueden considerarlos indocumentados, si no han cumplido con los requerimientos de las normas de inmigración. Pero calificarlos de ilegales en el globo terráqueo tiene otra connotación.

Con la orden de repatriación de extranjeros indocumentados en el territorio nacional, el presidente Abinader está ejerciendo la potestad que le otorga el artículo 128 de la Constitución, como jefe de Estado y de Gobierno dominicanos. También de la Ley de Migración y su Reglamento de Aplicación correspondiente.

Además, cumple con todos los usos y costumbres de los Estados y no viola ningún instrumento jurídico internacional de los que somos signatarios, conforme a los artículos 26, que trata de las relaciones y el derecho internacionales, y el 74, que traza los principios de la interpretación y reglamentación de los derechos y garantías fundamentales, reconocidos por nuestra Ley Suprema.

Por lo tanto, la decisión tomada cumple con todos los parámetros jurídicos. Nadie debe ignorar ni objetar esta orden del presidente Luis Abinader.

Sin embargo, las autoridades haitianas ya se han pronunciado. Afirman que se están violando los derechos humanos con esa medida.

Podemos comprender el punto de vista de las autoridades de la nación de Dessalines, pero jamás compartirla.

Haití se caracteriza por ser un Estado fallido. Más que una nación, es un conglomerado humano. No tiene un verdadero registro de sus nacionales. Ni siquiera dota a la mayoría de sus ciudadanos de los documentos esenciales para su identificación. Su oligarquía es indolente. Odia al pueblo de Toussaint Louverture.

La economía dominicana necesita de la mano de obra haitiana. Pero tiene que controlar, regularizar esa situación. No podemos permitir el desorden en la inmigración. Tiene un alto costo e impacta directamente las políticas públicas del país.

Todos los que se encuentran en el territorio nacional tienen derechos humanos y fundamentales que nuestro Estado está en la obligación de garantizar y respetar. En eso no hay duda.
Organicemos la inmigración para bien de todos. Así sea.