El secretario general del Centro Latinoamericano de la Administración para el Desarrollo (CLAD) resaltó este martes la importancia del papel que deberá jugar el Ministerio de Administración Pública (MAP) para la aplicación de la Ley de Salarios para el sector público.

Gregorio Montero formuló estas afirmaciones al dictar una conferencia sobre Normas Adjetivas en la Administración Pública, en la sede del MAP para el personal de la institución.

La actividad, en la que Gregorio Montero expuso sus consideraciones, fue encabezada por Ramón Ventura Camejo, ministro de Administración Pública, quien resaltó las cualidades de Montero, su oratoria y sus conocimientos sobre administración pública.

El dirigente del organismo regional calificó de vital la ley de salarios y su justa aplicación para lograr optimizar el servicio público, pues considera que sin buenos salarios no habrá motivación para mayor rendimiento de la función pública.

No hay profesionalización de la función pública sin una política salarial racional, precisó Montero, quien insistió en la importancia del papel del MAP para definir las escalas salariales en los distintos niveles de las instituciones gubernamentales.

El MAP asume una condición de órgano rector a partir de la promulgación de la ley de Salarios. Le corresponde hacer un desarrollo en el sentido de construir las escalas salariales en toda la administración pública central y descentralizada, pero deberá servir de desarrollo en las estructuras salariales en los poderes del Estado y en las estructuras del Estado, expresó.

El secretario general del CLAD sostuvo que esa función del MAP implica un esfuerzo y entrega en términos técnicos y jurídicos, porque sin escalas salariales todos los esfuerzos y la misma ley en la administración pública se verían limitadas porque hay que reconocer que dentro de los subsistemas de recursos humanos, el tema de salarios juega un papel determinante.

Explicó que la ley de Salarios previó escalas máximas para los altos niveles, pero que también hay que trabajar las escalas para los cargos de toda la Administración Pública, ya que actualmente no hay racionalidad para la asignación de salarios, pero que a partir de esta ley se deben establecer las escalas según los principios de equidad y de rendimiento.

Consideró que, según la ley, cada empleado deberá tener un salario en función de los aportes, de la responsabilidad, de la función de su cargo, de su trabajo, de la buena gestión que haga, de manera que se ajuste al principio universal que establece que a igual trabajo, igual paga.

Agregó que la ley establece que las escalas salariales deberán ser revisadas cada dos años, con el propósito de adecuarla a la realidad de la sociedad y del país, pero la ley también habla de un sistema de incentivos, que además del salario agrega beneficios económicos por aportes extraordinarios y buen desempeño.

Montero habló sobre la Ley de Regulación de Salario en la Administración Pública, su objeto y ámbito de aplicación, el sistema remunerativo, el órgano rector, la escala salarial máxima en el gobierno, las escalas salariales del resto de personal, incentivos, revisión bianual de escalas y las cargas salariales indirectas.

También, se refirió a los gastos de representación, de los cuales dijo que no deben exceder al 15 por ciento del salario del funcionario; la asignación de combustible, que no debe exceder del 10 por ciento del salario del funcionario; prohibiciones e incompatibilidades, el uso de tarjetas de crédito, el régimen de sanciones, entre otros subtemas.

Al tratar el tema de la Ley Orgánica de la Administración Pública, la número 247-12 del nueve de agosto del 2013, Montero consideró que hay que reformar el Estado para transformar el Estado.