Criticar al Sistema Dominicano de Seguridad Social, y en particular a las ARS y AFP privadas que participan en el mismo, se ha convertido en el pasatiempo de algunos políticos y sindicalistas. Aunque algunas de las quejas puedan ser legítimas, la mayoría están dirigidas al sector equivocado y en algunos casos las acusaciones suelen ser totalmente infundadas.

Mientras por un lado se les acusa de hacer una millonada de los aportes mandatorios de sus clientes, la realidad es que el sector de las ARS y AFP está cada vez más concentrado debido al cierre de empresas por la baja rentabilidad alcanzada. Para mayor perspectiva, de las 7 AFP en el sistema 3 reportaron pérdidas o resultados neutros en el 2017, en el caso de las ARS de las 19 registradas tanto de autogestión como privadas, 7 reportaron pérdidas y 7 más apenas obtuvieron un resultado neutro. Todo en un año que la economía del país creció un 4.6%, cabe destacar.

Es cierto que algunas cosas deben de cambiar en la gestión de tanto las ARS como las AFP, pero esos son los menores de los problemas en el Sistema de Seguridad Social.

La tasa oficial de desempleo para el 2017 fue de 5.5%, y sin embargo el número de cotizantes activos en los fondos de pensiones en el país apenas excede 1.8 millones de personas, lo que es menos de un tercio de la población en capacidad de trabajar, el restante o no cotiza en el sistema porque no trabaja o porque se encuentra en el sector informal o semi-informal. Esto es, sin lugar a dudas, el principal talón de Aquiles del sistema.

Otro aspecto de relevancia que viene impactando de manera significativa al sistema es la enorme cantidad de obstáculos regulatorios no solo para la entrada de nuevos actores, sino en las operaciones del día a día donde los diferentes supervisores del sistema se han caracterizado desde sus inicios a microrregular cada acción de los participantes, efectivamente sofocando al Sistema Dominicano de Seguridad Social en costos de cumplimiento absurdos y en prácticas contraproducentes.

Claramente establecer un sistema de reparto y eliminar a las ARS o a las AFP no van a resolver nada, de hecho, optar por ello convertiría el problema del Sistema de Seguridad Social en un problema tributario, disparando el déficit fiscal del Estado y forzando al país a incurrir en mayor endeudamiento.

Estaría de acuerdo con una revisión íntegra de la Ley 87-01, pero solo bajo la base de que sean atendidos los problemas reales del Sistema y no los hombrecitos de paja que se han inventado políticos, sindicalistas y algunos periodistas que parecen elegir irse por las ramas.