El presidente Danilo Medina ha devuelto el Código Penal aprobado por el Congreso, que penaliza de forma absoluta la interrupción del embarazo, con lo que se reabre un debate público en torno al aborto, que nunca ha tenido posibilidad de consenso.

En una carta al presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, el mandatario sugiere despenalizar el aborto cuando el embarazo sea el resultado de una violación, rapto o incesto o cuando debido a una malformación congénita, la vida del concebido se considere inviable.

Aunque el Presidente dice reconocer “el legítimo temor” que embarga a numerosos sectores de la sociedad, de que el establecimiento de las excepciones sugeridas pueda servir de excusa para practicar el aborto, considera que la penalización absoluta es violatoria a la Constitución.

Lo cierto es que con o sin penalización, la interrupción del embarazo es práctica común en República Dominicana que incide notablemente en los elevados índices de mortalidad materno-infantil, un cuadro social que, con toda razón, el jefe de Estado ha definido como trágico.

Conforme a lo sugerido por el presidente Medina la sanción penal sería contra quien mediante brebaje, medicamentos, tratamientos o cualquier otro medio cause la interrupción del embarazo o coopere con dicho propósito, aunque la mujer lo consienta.

Es claro que la obligación del Estado, de garantizar protección social y la de una sociedad con acendrado nivel de religiosidad, tendrá que converger en algún punto y valorar quizás la sugerencia presidencial de que se permita a la mujer embarazada en circunstancias excepcionales decidir sin temor a la sanción penal.

El Código Penal Dominicano, que lleva más de un siglo sin reformas sustanciales, ha corrido la misma suerte de la observación que ha hecho el presidente Medina a los artículos referidos a la penalización absoluta del aborto.

El Congreso tiene ahora la responsabilidad de llevar ante la sociedad las sugerencias externadas por el Poder Ejecutivo favorable a permitir la interrupción del embarazo terapéutico, cuando sea el resultado de una violación o por malformación del feto. Ojalá que haya advenimiento entre la razón, la moral y el derecho.