La decisión de los miembros de la Cámara de Cuentas de reembolsar al tesoro público el dinero que inapropiadamente se habían embolsillado, confirma la certeza de la opinión pública y deja sin efecto los alegatos de ese organismo en cuanto a la justificación del cobro de regalía pascual, bono navideño y una retahíla de otros beneficios.

No hay que demostrar la inconducta, porque hay una máxima jurídica, que reza a confesión de parte, relevo de prueba y los miembros de la Cámara de Cuentas, por el sólo hecho de la devolución, han admitido la comisión de la falta.

Habría que determinar si el acto de la restitución del dinero cobrado ilegítimamente, redime o libera de responsabilidad a los incumbentes de la Cámara de Cuentas.

Legisladores, comentaristas y todos los que así lo deseen, pueden perdonar la acción. Voy más lejos, podrían declarar vitalicios a esos hombres y mujeres en la Cámara de Cuentas. Pero no podrán borrar el pecado cometido, y tampoco reconstruir la credibilidad, porque nunca más, a partir de ahora, ese grupo estará revestido de la honorabilidad y la pulcritud que se requiere para vigilar el buen uso de las finanzas públicas.

¡Cuán grave es, suprimir las oficinas regionales de la Cámara de Cuentas y cancelar en pleno periodo navideño a más de doscientos empleados, con el pretexto de que era personal supernumerarios, para sustituirlos por una claque de amigos, súcubos e incondicionales, devengando lujosos salarios!

¿Cómo es posible que una institución quebrada se dé el lujo de repartirse canastas navideñas valoradas entre ocho y diez mil pesos, burlándose de la crítica situación por la que atraviesa el país?

¿Es posible, que esto suceda en un momento en que la presidenta, doctora Licelot Marte de Barrios, girara una visita a los congresistas para implorarles un aumento en el Presupuesto de ese organismo, ascendente a cien millones de pesos?

Si estas inconductas o indelicadezas, no constituyen la mala conducta y las fallas graves en el ejercicio de sus funciones, a que se refiere el acápite 4 del artículo 23 de la Constitución vigente, olvidémonos de la Carta Magna y de lo que ella entraña.

Sostener que los miembros de la Cámara de Cuentas no son pasibles de ser sometidos a un juicio político, porque no han incurrido en la venta de auditorías, es una insolencia y un desconocimiento absoluto de la Constitución dominicana.

No creo que la Cámara de Cuentas anterior haya caído tan bajo, subastando auditorías. Y sin embargo, sus miembros renunciaron o fueron destituidos, después de haber sido sometidos a un juicio político.

Por lo que ha trascendido, es poco probable que los miembros de la Cámara de Cuentas renuncien o sean destituidos. Pero es bueno advertir a los que no se atreven a juzgarlos que ellos y nada más que ellos, serán los responsables de las futuras metidas de pata de estas gentes.

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