Se ha dicho otras veces: este pueblo tiene más sed de justicia, que hambre. Pero que difícil es hacer justicia en un pueblo que se muere de hambre, que es capaz de vender su voluntad y su conciencia por una migaja de pan en tiempo de campaña electoral.

La voluntad del pueblo muchas veces cuesta un pica-pollo y 500 pesos que no alcanzan para vencer el hambre de un día, y que sin embargo garantizan la permanencia en el poder de los depredadores. La gente parece no saberlo, pero están condenando a sus hijos y a los hijos de sus hijos a la desesperanza. La gente empeña el presente y el futuro suyo y el de su familia prácticamente por nada.

Cansado de tantos abusos, de tantas mentiras y de tantos engaños, el pueblo decidió cambiar de partido y de gobierno. La promesa de combatir la corrupción y terminar con la impunidad del PLD, que le hizo Luis Abinader al país, caló hondo, tanto que los hombres y mujeres, en medio de la pandemia del coronavirus, se levantaron temprano para acudir a las urnas y producir el tan anhelado cambio.

En mi gobierno no habrá vacas sagradas; terminó el saqueo de los bienes públicos, tolerancia cero con la corrupción. Todo el que la hizo tendrá que pagarla. Recuperaremos el dinero que le ha sido robado el pueblo.

En mi gobierno la transparencia será fundamental. No al borrón y cuenta nueva. Tales fueron las palabras del entonces candidato presidencial Luís Abinader. Ya en el poder, designó a la magistrada Mirian Germán como Procuradora General de la República, a doña Milagros Ortiz Bosch en la parte ética y a Carlos Pimentel en Compras y Contrataciones, dándole así credibilidad a sus promesas de campaña.

Las acciones posteriores nos hicieron creer que el cambio, por lo menos a nivel de justicia, había llegado, que efectivamente no habrá vacas sagradas, que los corruptos, no importa su investidura ni su abolengo social, pagarían por sus pecados.

Los escándalos de corrupción denunciados por el Ministerio Público han sido mayores de los que la población sospechaba, aun cuando muchos ex funcionarios y dirigentes del PLD no han sido investigados ni invitados por la Procuradora a “tomarse un cafecito bien caliente por su despacho”, como en los casos de los dos ex presidentes de ese partido.

Hay razones más que suficientes para dudar de la eficacia de las investigaciones y hasta de los sometimientos. Como he dicho otras veces, me temo que el gobierno de Abinader termine sin que ninguno de los expedientes adquiera el carácter de la cosa irrevocablemente juzgada.

Dos años, que es lo que le falta al presidente Abinader, no bastaran para hacer justicia. Al ritmo que van los procesos judiciales en diez años no veremos condenas. Lo más probable es que al cabo de 7 u 8 años un juez, como ya ha pasado anteriormente, los declare “no culpables”.