No serán puestos en libertad los siete oficiales acusados del tráfico de 220 armas de fuego, debido a que la Fiscalía de la provincia Santo Domingo informó que apelará en las próximas horas la decisión del juez de la instrucción de esa demarcación que les varió la medida de coerción por una garantía económica. La fiscal Olga Diná Llaverías dijo que respeta la decisión del juez de la Instrucción Julio Amado Aybar, tomada a favor de dichos militares, pero que la apelará en las próximas horas.
“Esa es una prerrogativa que tiene la parte imputada de solicitar la variación de la medida y si el juez entiende que debe variarla, pues la varía. O sea, es una prorrogativa y una facultad que tiene el juez y la parte de solicitarla”, declaró Llaverías.
Sin embargo, como el Ministerio Público es parte del proceso, lo que hará es recurrir en apelación la variación de la medida de coerción dispuesta a favor de los citados militares, indicó.
El miércoles de esta semana, el juez de la Instrucción de la provincia Santo Domingo dispuso la libertad de los siete oficiales mediante el pago de garantías económicas de 600, 300 y 100 mil pesos en la modalidad de contrato.
El grupo está acusado de ingresar al país de forma irregular 220 armas de fuego. Los favorecidos son un general, dos coroneles, un mayor, un capitán y dos primeros tenientes.
Se trata del general de brigada paracaidista Bienvenido Cordero Batista, quien deberá pagar una fianza de 600 mil pesos; el teniente coronel del Ejército Félix Francisco Pérez Artiles, 100 mil pesos.
Al mayor del Ejército Esteban Marrero Ruiz le fue impuesta una garantía económica de 100 mil; al capitán del Ejército Francisco Mercedes Medrano, 300 mil; al primer teniente del Ejército Edwin Rafael Almonte Camacho, 100 mil; y el primer teniente de la Policía José Miguel Torres Rodríguez (Micky), 100 mil, quienes desempeñaban funciones administrativas en el material bélico, algunos de ellos con más de 20 años de servicio.
Asimismo, al coronel del Ejército Pedro Manuel Guzmán Escarramán, 600 mil, propietario de una armería que alegadamente vendía las armas traficadas, según la Procuraduría General de la República.
La defensa
El abogado Francisco Dilón, defensor del coronel Francisco Pérez Artiles, confirmó esta mañana que el grupo permanece en prisión y reconoció la facultad de apelar la decisión que tiene la Fiscalía de Santo Domingo.
Según el expediente, los integrantes del grupo “aprovechaban” sus puestos de trabajo en el Departamento de Material Bélico del Ministerio de Defensa para conformar una red que ingresó al país de manera irregular 220 armas de fuego, en operaciones a las que daban apariencia lícita.
El general Cordero Batista se desempeñaba como director general del Material Bélico del Ministerio de Defensa, y “era el encargado de supervisar todos los procedimientos y supuestamente apadrinarlos con su firma”, agrega el expediente.
El teniente coronel Pérez Artiles, encargado del Depósito de las Armas del Material Bélico, “se ocupada de registrar todas las armas”.
UN APUNTE
Presos
A pesar de que la medida fue tomada el miércoles de esta semana, los militares permanecen presos en la cárcel de La Victoria. Se supo que ninguno de los integrantes del grupo ha pagado la garantía económica que se les impuso
