Sin ofrecer explicaciones, el Senado dejó reposando en sus archivos el proyecto de reforma al Código Laboral, aprobado en primera lectura, ante las presiones del sector empresarial que busca eliminar conquistas y derechos adquiridos de los trabajadores.
La decisión tomó por sorpresa a amplios sectores laborales que daban por segura la sanción definitiva de la pieza.
Durante la sesión, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, anunció que el proyecto quedaba “sobre la mesa” para ser conocido más adelante.
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El Senado suspendió la reforma al Código Laboral tras presiones del sector empresarial por derechos laborales adquiridos
Una situación similar ocurrió el pasado martes 7, cuando el pleno senatorial introdujo varias mociones, entre ellas una que excluye el 10% de propina obligatoria para los repartidores (delivery).
La reforma busca actualizar el marco legal dominicano frente a los cambios del mercado laboral y los avances tecnológicos, procurando un equilibrio entre las necesidades de trabajadores y empleadores.
Sin embargo, el principal punto de desacuerdo ha sido la cesantía, que finalmente se mantuvo sin modificaciones.
Los sindicatos han rechazado de manera firme cualquier intento de alterar ese derecho, mientras que el sector empresarial insiste en su reclamo de modificar el esquema de cesantía, proponiendo dividirlo en cuotas, con el argumento de que el modelo actual encarece los costos laborales.
Procesal penal
El Senado aprobó en primera lectura el Proyecto de Ley de modificación al Código Procesal Penal, presentado por los senadores Omar Fernández, Félix Bautista, Cristóbal Venerado Castillo y Antonio Taveras Guzmán, con la profundidad de que esta reforma cuenta con una nueva ley, que entrará en vigencia a partir del mes de diciembre del 2025.
El presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado, Antonio Taveras Guzmán, presentó al Pleno senatorial un informe favorable de la pieza, y solicitó que la misma sea incluida en los trabajos de la presente sesión.
Esta reforma del Código Procesal Penal, consta de 473 artículos leídos y aprobados íntegramente por los 20 senadores presentes, responden a la ley de modernización de la justicia, la cual busca mayor celeridad, transparencia y eficiencia de los procesos, estableciendo un sistema de definición de roles entre sus actores, con el fin de garantizar derechos fundamentales y el debido proceso judicial.
La referida iniciativas tienen la finalidad de modificar varios artículos de la Ley 76-02, que establece el Código Procesal Penal y la Ley 10-15, así como la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional (TC). Según el dictamen del TC, resulta necesario tomar en cuenta las recomendaciones hechas por esa alta corte para que se elabore una nueva normativa que retome la reforma procesal penal, subsanando los defectos que pudieron haberse cometido en la anterior.