La sentencia del Tribunal Constitucional que admite las candidaturas independientes en los procesos electorales ha desatado un alud de opiniones a favor y en contra de la decisión.

El movimiento Participación Ciudadana rechazó que la corte se atribuyera funciones legislativas al modificar los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23, orgánica del Régimen Electoral, y crear nuevas modalidades para las candidaturas independientes.

Coincidió con los magistrados Army Ferreira y José Alejandro Vargas, quienes expusieron, en sus votos disidentes, que no es competencia del Constitucional definir el contenido material del régimen de candidaturas independientes.

Tanto Participación Ciudadana como el abogado Eduardo Jorge Prats aclararon, sin embargo, que la decisión no impide al Congreso legislar sobre las candidaturas, creando modalidades conforme a la Constitución.

La juez Ferreira sostuvo que la corte excedió sus cánones y obvió precedentes al incorporar a la regulación orgánica de las candidaturas independientes elementos extraordinarios desde la óptica legislativa.

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El juez Vargas calificó la decisión de pretoriana, y estimó que lo adecuado era acoger la acción directa de inconstitucionalidad “mediante la adopción de una sentencia exhortativa, que trazara las pautas generales para que el legislador orgánico regulara sobre la materia”.

Lo que está por ver ahora es la decisión que asumirá el Congreso en torno a la modificación de los artículos de la ley 20-23.