En una nación que se rige por un Estado de derecho no puede permitirse a nadie que tome las leyes en sus manos para hacer justicia.

El incendio de viviendas de haitianos en la comunidad de Palero Abajo, Constanza, en represalia por la agresión de un nacional del vecino país a una comerciante dominicana, es una acción que bajo ninguna circunstancia debe quedar impune.

De la misma manera que el haitiano que hirió durante un atraco a Ana Judith Reyes López, de 47 años, tiene que investigarse, también el caso del incendio de las viviendas. La acción de los dominicanos es tomar la justicia en las manos, lo que es prohibido por las leyes.

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Los participantes en ese acto impropio de una nación civilizada, tienen que ser sometidos a la justicia, lo mismo que el haitiano que hirió a la comerciante. Si los haitianos en la comunidad son un peligro o atentan contra la seguridad y la buena costumbre, los residentes pueden hacer la denuncia, pero son las autoridades las que tienen que intervenir para poner por fin a esa situación.

De no actuarse contra los protagonistas del incendio de viviendas en Constanza algunos podrían pensar que la repatriación de indocumentados sería una acción de discriminación, pero el atacante o los atacantes de la comerciante deben pagar por el hecho, así como los haitianos que agredieron a varios médicos en el hospital Doctor Darío Contreras, de Santo Domingo Este.