Las trágicas historias de la niña de siete años que murió por los golpes y heridas inferidos por la pareja de adultos que ostentaba su custodia, y la del bebé de dos años asesinado por su progenitor, quien se suicidó, forman parte de frecuentes sucesos sobre maltratos a menores que muchas veces causan la muerte, ante una suerte de negligencia o falta de previsión de las autoridades.

Yokeiry Coronado Cruz, de 33 años, y su pareja sentimental, Jeider Montero Medina, de 36, fueron señalados por la Policía como los responsables del deceso de la menor por los maltratos y actos de barbarie a los que fue sometida después de que su madre biológica la entregó a su cuidado, hace cinco meses.

La otra terrible noticia ha sido la de un niño de dos años, colgado de un árbol por su padre en una comunidad del municipio El Factor, provincia María Trinidad Sánchez, cuya macabra escena grabó y cuyo video envió a la madre del infante, para suicidarse por la misma forma de ahorcamiento.

Un adolescente de 14 años, prospecto del béisbol, murió ahogado en una laguna en la comunidad de Guerra, cerca de la academia donde practicaba el popular deporte con la ilusión de firmar como pelotero profesional, pero la tragedia lo sorprendió en un lugar desprovisto de vigilancia, control o protección de menores.

El Código para la Protección de Nino, Niñas y adolescentes (ley 136-03) no parece tener ninguna efectividad en el ámbito de la prevención, amparo o defensa de los menores, en lo relativo al derecho a la vida, a la integridad personal, a la educación, recreación y a la protección contra el abuso.

Aunque los trágicos ejemplos mencionados no comprometen directamente al Estado por acción u omisión en la muerte de esos niños, ambos sucesos obligan a reflexionar sobre la desatención estatal en torno a su compromiso u obligación de brindar protección integral a niños, niñas y adolescentes.

El Ministerio Publico no tipifica el embarazo en adolescentes como secuela de la violación sexual, pese a que la ley despoja a los menores de la capacidad de discernir, como tampoco las agencias oficiales a cargo de velar por la salud física y mental de los infantes ejecutan programas para proteger a centenares de niños huérfanos a causa de los feminicidios.

Se requiere con urgencia reencausar las políticas públicas relacionadas con la protección del menor para que el Estado cumpla con su obligación de garantizar que no sea objeto de maltrato, discriminación, bullying, desatención familiar o comunitaria y que pueda disfrutar a plenitud de su derecho a ser feliz.