La administradora del departamento judicial de Bayamón, Puerto Rico, Carmen Otero,explica a jueces dominicanos y periodistas la política de acuerdos penales en ese país.
La Suprema Corte de Justicia se proponer reducir el tiempo de los procesos penales en República Dominicana, lo que ayudará a descongestinar las cárceles y reducir la carga judicial.
Para tales fines el Poder Judicial intercambia experiencia con Puerto Rico, el cual es un modelo en la región en la en solución de conflictos penales, a través de acuerdos.
La sobrepoblación carcelaria en el país es anacrónico, dónde la prisión preventiva se ha convertido en la regla, y no en la excepción.
En aras de buscar alternativas al proceso, el Poder Judicial envió a Puerto Rico un equipo de jueces y funcionarios del PJ para intercambiar experiencia con ese estado, acompañado de periodistas del área judicial y comunicadora.
Carmen Otero, administradora judicial de Bayamón, explicó que más del 95 por ciento de los procesos judiciales se resuelven con cuerdos. Mientras que en República Dominicana solo se acuerda el 13 por ciento de los casos.
El asesinato en Puerto Rico tiene una pena de 99 años y los procesos resultan muy costosos. Más del 90 por ciento de los procesos son acordados por la Justicia de Puerto Rico, según el fiscal de Bayamón
Bayamón, Gabriel Arredondo, con más de 30 años de experiencia, explicó las diferencias y similitudes entre el sistema legal de Puerto Rico y el de la República Dominicana, resaltando la fuerte influencia del sistema estadounidense en el derecho puertorriqueño, especialmente en el área criminal.
Según el fiscal, una de las características más notables del sistema puertorriqueño es el uso de las Reglas de Procedimiento Criminal, que priorizan la negociación entre las partes para resolver la gran mayoría de los casos.
La Regla 72, permiten que la fiscalía y los abogados defensores lleguen a acuerdos para evitar un proceso judicial extendido.
El representante del ministerio público explicó que en caso de no llegar acuerdo, la Constitución de Puerto Rico contempla de 6 meses a 99 años de prisión.
Resaltó que el proceso legal comienza con una querella de la policía, que da inicio a la investigación. Una vez finalizada la investigación, la fiscalía presenta en el tribunal una denuncia (documento formal de acusación).
“Si el delito es grave, se presenta una acusación, la cual, a diferencia de los documentos que pueden tener miles de páginas en otros sistemas, es un documento sencillo y de una sola página en Puerto Rico, que detalla la naturaleza del delito, la fecha, el lugar y los testigos”, enfatizó.
El fiscal defendió este sistema como práctico y seguro, ya que busca una solución rápida para evitar la acumulación de casos.
Además, explicó que, en estos procesos de negociación, el juez actúa como un árbitro independiente, y las partes deben estar de acuerdo para que el acuerdo se concrete.
En casos de alto perfil o que involucran fondos públicos, se le informa a las agencias pertinentes y se busca que el acuerdo sea proporcional a la falta.
El fiscal también abordó el papel de la opinión pública, señalando que el proceso judicial no puede ser controlado por la prensa, aunque es fundamental que la ciudadanía esté informada de lo que sucede.
El Nacional
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