La defensa de Angel rondón, imputado de repartir los 92 millones de dólares como sobornos que admitió haber pagado la empresa Odebrecht para lograr la adjudicación de obras estatales, anunció que apelará la decisión que envió a juicio de fondo a su cliente.

El abogado José Miguel Minier, adujo que el juez especial de la Instrucción de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, incurrió en prevaricación al validar ilegalidades de procedimiento del Ministerio Público.

Minier acusó al juez de entrar en componenda con la Procuraduría General de la República, para enviar a juicio de fondo a seis imputados del caso Odebrecht.

Cree que la sociedad civil no solo debería pedir la renuncia del procurador Jean Alain Rodríguez, sino también la del juez Ortega, ya que a su juicio cometió un adefesio jurídico que lesionó la Constitución y que es nefasto para la judicatura.

“El magistrado entendió que un juez puede hacer y deshacer con la Constitución de la República, con la Convención Americana y con el Pacto de San José y con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que es vinculante a todos los poderes”, afirmó el jurista.

Dijo no entender como dicho magistrado emitió una decisión el 30 de mayo del 2018, donde como juez de la garantía estableció que a Rondón se le violó el debido proceso, y que ahora en la etapa de instrucción se contradijo.

“Lo que yo lamento es que con lo que salió de Alicia Ortega, todo el mundo ha pedido la renuncia del Procurador de la República, pero nadie ha pedido la renuncia del juez ni que se le haga un juicio ante el Consejo del Poder Judicial”, argumento.

Entrevistado esta mañana en el programa Hoy Mismo, que se transmite por Color Visión, canal 9, el penalista señaló que el juzgador cometió prevaricación con el interés de ser beneficiado cuando sea evaluado por el CPJ.

“Parece que hay un código secreto como en la política, entre el Ministerio Público y la Suprema Corte de Justicia, parece que hay una resolución no escrita para validarle todos los tollos al Ministerio Público”, añadió.

Pidió a las organizaciones populares montar campamentos en los departamentos judiciales para que se respete la Constitución y el Código Procesal Penal.