Los expedientes sobre los sobornos de Odebrecht y Embraer, así como la inaudita venta del barrio Los Tres Brazos perfilan la lucha contra la corrupción, al menos del pasado, como la gran frustración de la presente administración. No fue casual que los casos se cayeran en los tribunales, toda vez que las investigaciones del Ministerio Público fueron manipuladas para excluir al tinglado de poder que se benefició de los pagos ilícitos y propició la transacción inmobiliaria en el sector de Santo Domingo Este.

Los fracasos en los procesos testimonian que la actual estructura del Ministerio Público constituye un lastre en la gestión de su titular, Miriam Germán Brito, y hasta un baldón para el presidente Luis Abinader en la lucha contra la corrupción. Avergüenza que este sea el único país donde no se hayan encontrado las pruebas que Odebrecht y Embraer se comprometieron a ofrecer a través de un acuerdo de lenidad sobre los 92 y los 3.5 millones de dólares que pagaron en sobornos para la construcción de obras y la venta de ocho aviones Súper Tucano.

No todo, sin embargo, está perdido. De la misma forma que el expelotero David Ortiz contrató una firma privada para tener otra versión del atentado en que resultó gravemente, de esa misma forma el Gobierno puede recurrir al convenio con las Naciones Unidas para determinar si hubo negligencia o prevaricación en los casos de los sobornos. No puede ser de otra manera, porque si la pesquisa se deja en las manos de los actuales protagonistas pasará lo que pasa cuando la Policía investiga las acciones de sus agentes: termina encubriéndolos.

Abinader daría un gran paso si recurre a la ONU ara realizar las indagatorias sobre los sobornos de Odebrecht y Embraer, si es que algo se puede hacer todavía. Y el paso sería más significativo si acuerda que el equipo de la organización lo encabece el colombiano Iván Velázquez, quien en 2015 provocó la destitución y encarcelamiento en Guatemala del presidente Otto Pérez Molina y de la vicepresidenta Roxana Baldetti por un escándalo de corrupción de menor magnitud que los sobornos de las firmas brasileñas.

Los jueces han cometido sus monumentales errores, como la condena por soborno del empresario Ángel Rondón en el caso Odebrecht sin que aparecieran los sobornados. O el del exministro Víctor Díaz Rúa por supuesto enriquecimiento ilícito, de lo que no se le acusaba. Pero lo alarmante es la aparente manipulación de las investigaciones, calificadas de muy débiles por la actual procuradora cuando era juez de la Suprema Corte, para proteger a gente de poder. ¿O puede ser verdad que los tres imputados por el caso de los Tucano podían repartirse los 3.5 millones de dólares que pagó Embraer?