El Tribunal Constitucional (TC), con toda su condición sustantiva de extra poder, no escapa a las condiciones sociales, económicas y políticas del país. Nadie, sea persona física o jurídica, puede hacerlo.

Ciertamente, así es. Nadie puede ser superior ni ajeno a la sociedad en que nació, vive y se desarrolla. Los egos hinchados, aunque imiten al superhombre del célebre filósofo alemán Friedrich Nietzsche o al mismo Leviatán de Thomas Jobbes, logran ser más que lo que su medio le permite ser.

La realidad social y política siempre determinará el actuar de las personas y de las instituciones.
Nuestro TC nació como una sentida necesidad nacional. Representó el grito desesperado del pueblo frente al gran déficit que teníamos y seguimos teniendo en la protección de los derechos fundamentales, de la dignidad humana de los dominicanos.

Por eso en la consulta popular nacional que se realizó para impulsar la reforma que produjo la Constitución vigente, la mayoría reclamó la creación de un TC. La oligarquía más rancia y atrasada, una parte enquistada en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de entonces, se escandalizó y se opuso rabiosamente al TC.

Así fue. Reclamaban que fuera una Sala, dependiente de la SCJ, para mantener su poder. Lo ejercieron muy mal, por cierto. Hasta se afirmó que si se aprobaba el TC generaría un “choque de trenes”, y que sería un dispendio del presupuesto. Cosas veredes, Sancho.

El autor de esta columna, desde su condición de Juez, se la jugó apoyando la creación del TC, hasta el último momento y por encima de aquella oposición tenaz. Se nos amenazó con expulsarnos del Poder Judicial a patadas, y nos cobraron muy caro el ejercicio de nuestro derecho a luchar por un TC. Triunfamos con el TC. Pero esa oligarquía se salió con la suya al impedir la Asamblea Constituyente.

La Constitución consagra, en su artículo 184: “Habrá un Tribunal Constitucional para garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. Gozará de autonomía administrativa y presupuestaria.”

De manera que, por el principio de la supremacía de la Constitución, aquí todos estamos obligados a respetar y cumplir las sentencias, en sus precedentes, que dicte el TC. Eso no lo soporta la oligarquía de este país. Por eso tiene más de cien sentencias desacatadas. Y quiere llevar como presidente del TC, por el término del período y salida del doctor Milton Ray Guevara, a uno que le sea gracioso y que desnaturalice al TC. Esa es la verdad, monda y lironda. Los que tengan ojos, que vean y los que tengan oídos, que oigan.