Participación Ciudadana advirtió que el estado de excepción para las compras de emergencias para contrarrestar la crisis eléctrica podría convertirse en terreno fértil para el despilfarro y la corrupción, al revelar la instalación de mafias de funcionarios, familiares de políticos y empresas creadas para sustraer fondos ilícitamente del sector eléctrico.

Alertó, además, que la persistencia cíclica de la crisis eléctrica se debe a la inmensidad de los fraudes en el consumo, tanto de la población como también de sectores poderosos; la incapacidad de facturar lo servido y fallas graves en los sistemas de control interno, la gobernanza y la transparencia de las empresas distribuidoras (EDES).

Afirmó que el impacto de esas irregularidades se refleja con crudeza en las cifras oficiales: entre enero y mayo de 2025, las EDES registraron pérdidas del 41.7% del suministro eléctrico. En ese sentido, advierte que el reciente Decreto 517-25, que declara en emergencia aspectos clave del sector eléctrico, debe aplicarse con estrictos controles institucionales.

Demandan transparencia y auditorías independientes para evitar despilfarro en el manejo de recursos en el sector eléctricos

“La experiencia nacional demuestra que los estados de excepción y las compras de urgencia, si no son acompañados de transparencia y fiscalización independiente, han sido históricamente terreno fértil para el despilfarro y la corrupción”, insistió.

Exhortó al Gobierno y a los organismos de control a garantizar que la disposición presidencial no se convierta en un nuevo canal de privilegios indebidos y sobrevaluaciones en perjuicio de la ciudadanía.

Medidas

Participación Ciudadana demandó del Gobierno adoptar medidas urgentes, entre las que se destacan: transparentar a las EDES, obligándolas a publicar mensualmente informes de ejecución, indicadores operativos y estados financieros.

Exigió despolitizar el sector eléctrico debido a la magnitud de sus operaciones y la poca transparencia con que se ha manejado, ese sector ha sido refugio y campo libre para la corrupción, el sobre empleo de activistas políticos y el tráfico de influencias.

Sugirió realizar auditorías independientes: revisiones externas a contratos de compra de energía, gestión de pérdidas, inversiones en EDES y fraudes detectados, como el caso de EDEESTE.

Además, redefinir la política de subsidios, priorizando esquemas focalizados como Bono Luz mediante el Sistema Único de Beneficiarios, (SIUBEN), de forma que los recursos lleguen a los hogares vulnerables y no a déficits operativos insostenibles.

Plantean un plan de reducción de pérdidas consistente en establecer metas anuales con monitoreo multisectorial.