Aunque con autorización de un juez el allanamiento a una casa que opera como oficina política del alcalde de Santiago, Abel Martínez, el caso debe aclararse para edificar a la opinión pública.

Martínez y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) han denunciado la requisa como un atropello político, negando las razones invocadas por las autoridades.

El fiscal de Santiago, José Francisco Núñez, expresó que el allanamiento a la residencia, donde se habrían encontrado armas, no estaba dirigido contra Martínez, sino que formaba parte de una investigación de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

Ante las irregularidades denunciadas la Inspectoría General del Ministerio Público tiene no solo que establecer si se procedió de acuerdo con las leyes, sino recomendar las sanciones correspondientes en caso de violaciones.

Aunque el allanamiento no estuviera dirigido al alcalde Martínez no se puede obviar su condición de funcionario municipal, además de dirigente opositor. Se hizo bien en iniciar la pesquisa, pero siempre con el interés de aclarar el caso y no como disuasivo. El informe debe rendirse cuanto antes.