Estamos con las manos en la cabeza. La tragedia de Villas Agrícolas ha devenido en un ejemplo señero de un torpe e inapropiado manejo por parte de la empresa siniestrada y el proveedor del gas natural que ocasionó la explosión. Para colmo, la intervención del ministerio de Obras Públicas empeoró este cuadro espantoso pretendiendo minimizar las pérdidas humanas.
Es conmovedor el testimonio de la familia de Rosa Amelia Peña, desaparecida en la tragedia ocurrida en Polyplast, en tanto las autoridades confirman el séptimo cadáver, en medio de la confusión propiciada por la falta de informaciones confiables. Aún cuando las evidencias son palpables y los causantes identificados, el Ministerio Público no ha dicho presente para resarcir los daños ocasionados. Por el contrario, Obras Públicas se apresura a reparar viviendas en un protagonismo que cuestiona las elementales normas de humanidad y decoro.
En esos afanes, olvidan que el Estado no debe entrar en aspectos económicos que atañen únicamente a las firmas interventoras. Los contribuyentes no deben pagar un centavo para cubrir reparaciones e indemnizar a los familiares de los muertos y sobrevivientes. Más bien, debe auxiliarlos para que no queden desamparados. Procede, en ese orden, determinar con claridad las causas para así confirmar errores presumibles que videos grabados previo a la explosión evidencia.
Han convertido el hecho en una secuela de errores que hacen más dolorosas e irreparables la tragedia. Situación que obliga al gobierno a intervenir para proteger a los desamparados. De manera que es oportuna y necesaria la revisión de prácticas en el transporte, depósito y manejo de combustibles altamente infumables como el gas natural.
Visto el desempeño oficial en este caso, parece improbable que haya reparaciones y correcciones posteriores y definitivas. Los intereses particulares nos están están deshumanizando, y eso es lo más preocupante y peligroso.
