La Romana. Decenas de compradores y copropietarios de un proyecto habitacional de 400 viviendas denunciaron que un “atropello seudojurídico” ha paralizado por completo la entrega de los hogares, dejando a cientos de familias trabajadoras sin recibir las casas por las que han pagado con esfuerzo y sacrificio.

El jurista Dionisio Ortiz explicó que una serie de maniobras judiciales “abusivas, improcedentes y totalmente ajenas a la ley” ha arrastrado a la empresa Inmobiliaria Don Juan a un proceso jurídico del que no forma parte, obligándola a detener sus operaciones y afectando económicamente a empleados, suplidores y obreros.

Atribuyó estas acciones a personas “acostumbradas a usar los tribunales como herramientas de presión”, y aseguró que dichas prácticas han sido declaradas temerarias en distintos tribunales.

El jurista Dionisio Ortiz señaló que el caso surgió porque Inmobiliaria Don Juan fue incluida dentro del proceso de separación de bienes del divorcio en curso entre Juan Rafael Llaneza y María Amelia Hazoury, hija del empresario Abraham Hazoury, a pesar de que el proyecto inmobiliario no pertenece al patrimonio conyugal.

Ortiz indicó que tanto Hazoury como sus representantes legales han sido declarados en varias ocasiones como “litigantes temerarios”, debido a la interposición de procesos “sin fundamento legal y con el único propósito de afectar la estabilidad personal y profesional del señor Llaneza”. Aseguró que Llaneza no es socio directo de la compañía y que los terrenos del proyecto forman parte de un patrimonio familiar con más de 100 años de antigüedad.

“La ley es clara: las herencias no entran en la comunidad de bienes del matrimonio”, subrayó.