SANTO DOMINGO.- El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional fijó para el martes 25 de noviembre, a las 9:00 de la mañana, la continuación del juicio contra el mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre y los demás acusados de integrar la presunta red de corrupción desmantelada mediante las operaciones Coral y Coral 5G, que habría estafado al Estado dominicano con más de RD$4,500 millones.
El aplazamiento, dispuesto por quinta ocasión, se produjo tras acogerse el tribunal al certificado médico de 45 días presentado el 23 de octubre por la defensa de Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep).
En la audiencia estuvo el fiscal Jonathan Pérez Fulcar, adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), quien representó al Ministerio Público ante las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo.
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El Ministerio Público reafirmó este martes que se mantiene firme en procura de lograr sanciones ejemplares, sustentado en más de 2,900 pruebas presentadas durante el proceso.
El expediente involucra a altos oficiales y civiles señalados por participar en el desvío de fondos de inteligencia de distintas instituciones. Entre los acusados figuran el coronel Rafael Núñez de Aza, el general Julio Camilo de los Santos Viola, el mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez, Rossy Guzmán Sánchez (la Pastora); su hijo, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán; y el sargento Alejandro José Montero Cruz.
También están imputados José Manuel Rosario Pirón, Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco, entre otros.
Las pruebas aportadas incluyen 2,201 documentales, 141 peritajes, 282 declaraciones de testigos y peritos, 184 procesales y 104 materiales, entre ellas armas de fuego, relojes de lujo, equipos electrónicos, inmuebles, vehículos y dinero en efectivo.
El Ministerio Público también identificó 214 inmuebles, 86 vehículos de alto cilindraje, más de RD$28 millones y US$55 mil en efectivo, todos solicitados en decomiso. Los bienes incautados han generado más de RD$86 millones en ingresos por alquileres y producción agrícola, recursos que también se reclaman a favor del Estado.
