Lima. EFE. El Tribunal Militar-Policial de Perú sentenció a dos generales de la Policía Nacional y a un general del Ejército a penas de prisión suspendida por las muertes de 24 policías y diez civiles durante enfrentamientos en la localidad selvática de Bagua en junio de 2009.

La sentencia, divulgada hoy en un comunicado, se dictó a menos de dos años de los sucesos del 5 de junio de 2009, conocidos como el «Baguazo», que dejaron el mayor saldo mortal en un enfrentamiento en la última década en Perú.

Al concluir el proceso, los policías y militares que estuvieron al mando de las operaciones fueron condenados por el delito de «omisión del cumplimiento del deber en función operativa».

En ese sentido, el general retirado de la Policía Luis Muguruza fue condenado a 36 meses de prisión, con el carácter de suspendida, además del pago de una reparación civil de 10.000 soles (3.571 dólares).

El también general retirado de la Policía Javier Uribe fue sentenciado a 24 meses de prisión suspendida y a una reparación civil de 7.000 soles (2.500 dólares).

Asimismo, el general del Ejército peruano Raúl Silva Albán fue condenado a 12 meses de prisión suspendida más el pago de 4.000 soles (1.428 dólares).

Tras conocerse la sentencia, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la principal organización indígena de la Amazonía, señaló que la decisión del tribunal confirma que no se podía «seguir tapando el sol con un dedo» ante el mal accionar de las autoridades.

«El fuero militar-policial sentenció a penas benignas a los responsables operativos del enfrentamiento entre el pueblo indígena y la policía nacional y que dejó como saldo la muerte de 34 peruanos en la Curva del Diablo, Bagua, región Amazonas, el 5 de junio de 2009», confirmó Aidesep en un comunicado.

En la nota, el presidente de la organización, Alberto Pizango, señaló que la sentencia «contrasta» con la decisión del gobierno del presidente Alan García «de encubrir» a sus ex ministros Yehude Simón, Mercedes Cabanillas y Mercedes Aráoz «por los hechos lamentables de Bagua».

Las organizaciones indígenas consideran que estos tres ex ministros son los responsables políticos de los sucesos violentos y remarcaron que «no hay que olvidar sus intransigencias y mentiras».

«Los pueblos indígenas esperan pacientemente que se haga justicia; que se halle a los verdaderos responsables de la muerte de peruanos y que este gobierno -antes que termine su mandato- tenga la valentía de terminar su gestión limpiándose las manos manchadas de sangre», remarcó Pizango en el comunicado.