Se cuentan por muchos miles los empleados cancelados en diversas dependencias del Estado que aún no reciben el pago de sus prestaciones laborales y que diariamente bregan con la incertidumbre de cuándo el Gobierno cumplirá con ese mandamiento de la ley.
En algunos ministerios y direcciones generales, los incumbentes son del criterio que distribuyen entre los suyos un botín de guerra, sin tomar en cuenta que todo en exceso hace daño, más aun si violentan derechos adquiridos legítimamente por los despedidos.
La ley 41-08 que regula el estatus laboral de los servidores públicos establece que los empleados cancelados pertenecientes a los grupos ocupacionales 1 y II (servicios generales y apoyo administrativo) recibirán una indemnización económica equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o fracción de seis meses, así como las vacaciones y la proporción del salario 13.
Ese estatuto también protege los derechos laborales de los empleados de carrera, que no pueden ser cesanteados, sin previo cumplimiento de un riguroso proceso administrativo, por lo que en caso de inobservancia deben ser repuestos en el cargo con abono de los salarios dejados de percibir.
Aunque se invoca lo pernicioso que resulta que al ingreso de una nueva administración de gobierno se aplique el criterio de tierra arrasada en la administración pública, lo que se reclama ahora es el cumplimiento en lo inmediato del pago de las prestaciones laborales a miles de servidores públicos cancelados.
En algunas dependencias se dispuso degradar de categoría a técnicos calificados con el objetivo de reducirles el salario, sin tomar en cuenta que además de violar la ley se agrede la dignidad de profesionales altamente calificados, como también en otras agencias se produjeron despidos masivos y aumento en la nómina de empleados.
El Gobierno no puede evadir su obligación de cumplir con la ley en los plazos señalados por el estatuto de Administración Publica, sin importar la militancia política que se pretenda endilgar a los ahora llamados “desvinculados”, la mayoría de los cuales percibían menos de 20 mil pesos mensuales.
El presidente Luis Abinader haría un gran acto de justicia si instruye a la Contraloría General de la República y a la Tesorería Nacional, apropiar los recursos necesarios para pagar las prestaciones laborales a miles de cesanteados de la administración pública que hoy dan pena detrás de un derecho bien ganado.
