Todos los paros de actividades económicas o educativas la opinión pública tiende a desaprobarlo, porque afectan el interés nacional. De ahí que la suspensión de la docencia pública por 24 horas, en básica y media, no haya contado con suficiente apoyo.

Pero la situación obedece, además, a que la Asociación Dominicana de Profesores no cuenta con medios de comunicación social ni de recursos para invertir en publicidad y crear la debida conciencia poblacional sobre las razones de su lucha.

Es un sueño pretender optimización de la educación pública excluyendo mejoría en las condiciones de vida del maestro. Un pedagogo amerita vivienda adecuada, vestir bien, alimentarse y tener un medio de transporte. Y requiere recursos para tecnologías e investigación para la debida actualización.

No es ninguna exageración la demanda de aumento de un cien por ciento que hacen los maestros. Si los recursos económicos del Ministerio de Educación no permiten ese incremento, entonces habría que sentarse en la mesa de diálogo y consensuar sobre las posibilidades porcentuales de aumento.

Y que haya un compromiso de las autoridades a llevar los sueldos de los maestros a los niveles requeridos, en la medida en que la disponibilidad económica lo permita. Procede, en esa tesitura, un acuerdo público entre la ADP y las autoridades educativas.

Pero ese acuerdo tiene que ser sobre la base de la equidad, porque la ministra de Educación no puede subirse su sueldo en un 300 por ciento y alegar públicamente que el pedido de 100 por ciento de los profesores es excesivo.

Se impone el diálogo y el acuerdo entre las partes por el interés de la educación, pero previamente la ministra debía de enmendar el error cometido, que es uno de los elementos causales del impasse. El error es un arma que acaba siempre por dispararse contra el que la emplea, dijo Concepción Arenal.