Un mal uso de los datos puede poner en riesgo la seguridad, finanzas, intimidad, reputación, entre otros derechos de personas y empresas. Sumado a que la vía para dirimir este tipo de conflictos es la judicial de conformidad con la regulación dominicana, y que esto a su vez implica formalidades, costes, falta de especialización y en especial, un extenso período de tiempopara obtener decisión de los casos (que no se corresponde con la celeridad con la que son cometidas las faltas en materia de protección de datos).

Nos referimos a que, para lograr la actualización, oposición al tratamiento, rectificación o destrucción de datos es necesario acceder a los tribunales dominicanos sin contar con un proceso administrativo o gracioso a tales fines.

De esto surge la necesidad de los Estados adecuarse para proteger a los ciudadanos con una regulación apropiada de protección de datos y con el seguimiento correspondiente desde una administración pública especializada. Es que, la innovación no puede ser excusa de violación del derecho de privacidad.

Contamos ya con muchos ejemplos de países que han implementado una regulación relativa a protección de datos que permite la protección desde el ámbito análogo y digital; e instaurando un organismo con la capacidad técnica de manejar y dirimir los casos relacionados.

En el caso específico de la República Dominicana, tenemos pinceladas de protección de datos en la Constitución de la República, y de forma específica en la Ley No. 172-13, que tiene por objeto la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros públicos, bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos destinados a dar informes, sean estos públicos o privados.

No obstante, su enfoque es solo la regulación dirigida a entidades de intermediación financiera y crediticias, reconociéndole a la Superintendencia de Bancos amplias facultades para la vigilancia de protección de datos en dichos mercados. En consecuencia, no resultando suficiente, porque se escapan los parámetros apropiados de tratamiento, uso, recopilación, almacenamiento, transferencia, y eliminación de datos que no pertenecen al sector financiero.

Desde el punto de vista de Estado existe una necesidad de regular un negocio que promete ser sumamente lucrativo. De no ser regulado adecuadamente puede prestarse para vulneraciones de los derechos constitucionales de privacidad, de intimidad, de honor personal;.

Por: Aidaluz Pimentel Báez