La existencia en la provincia Santo Domingo de un movimiento vandálico, específicamente de invasores de terrenos públicos y privados, que, tienen ya, la organización y el respaldo de sectores políticos del oficialismo y que va lentamente imponiendo el miedo basado en la turba o en la falsa denominación de “juntas de vecinos”. Se han dado a la tarea de desconocer los derechos adquiridos de compras a la inmobiliaria que opera en el Consejo Estatal del Azúcar, y en Bienes Nacionales.

Y no falta allí el anarquismo, anarquismo que se le dio carta de defunción en los gobiernos anteriores, pero que de nuevo defienden vigorosamente políticos y militares que andan como manadas delincuenciales tras los inmuebles. Mientras tanto, las autoridades que tienen que velar por el respeto a la propiedad lucen como distraídas y hasta comprometidas con el escándalo.

Pero que sepan que están saturando de ira a propietarios y vendrá la violencia si no se garantizan los derechos. ¡Qué manera de hacerse de lo ajeno!: a la fuerza y garantía del partido en el poder donde se refugian los que están detrás de estos forajidos formados en el anarquismo urbano-rural, haciendo presencia fuertemente armados para amedrentar a todo el que intente enfrentarlos, e incluso son acompañados por militares. Lo cierto es que hay una actitud de “nadie obedezca a nadie” que es como siempre se han movido los vándalos políticos con apetitos nocivos de lucro y de mando.

Hoy el municipio de Pedro Brand es todo un campamento de esta horda que sigue arrastrando al Gobierno por senderos sombríos.

Los funcionarios y el Presidente deben frenar inmediatamente este proceso vandálico cada vez más acentuado. Por todo lo anterior sigo creyendo con firmísima convicción que la transparencia y el ejercicio de la autoridad en este Gobierno, son puras abstracciones, palabras huecas, si no emprenden acciones bien intencionadas, con la fuerza de la genuina voluntad para garantizar la jurisdicción.