Una consultora del Banco Interamericano de Desarrollo afirmó que la Constitución de la República es la garante de las libertades y los derechos de la Defensa de la Competencia, ya que permite se materialicen los derechos económicos y libertades empresariales y del consumidor para que puedan elegir diferentes productos y opción de calidad. Agregó que la Ley 42-08 sobre Defensa de la Competencia tiene como propósito fundamental promover la eficiencia y el bienestar de los consumidores, elemento que coadyuva al desarrollo económico y social y a consolidar una democracia.
Celina Scolan, ex superintendente de Competencia de El Salvador y actualmente Consultora Residente del BID, dijo que esa democracia competitiva está fundamentada en los derechos. Con el apoyo de la Ley 42-08, el Congreso Nacional puede legislar para invalidar la incompetencia que limita la libertad de opción que tiene el consumidor, aseguró
Dijo al participar en el matutino Ojalá, por el Canal 4 que los agentes económicos son determinantes en la práctica de las libertades y derechos, aunque de igual forma pueden incurrir en prácticas anticompetitivas, de ahí la necesidad de regulaciones que amplíen y garanticen el marco de la competitividad empresarial.
Scolan aseguró que la Comisión Nacional de la Defensa de Competencia de República Dominicana es la garante de las libertades económicas y sociales del país, y la garantía de la inversión extranjera para que se desarrolle como un mercado de bienes y servicios.
La Consultora Residente del BID participa de la Semana de la Competencia que se realiza en el país, y que incluyó el Primer Foro de la Comisión Nacional de la Competencia.
Destacó que la Ley articula todos los sectores económicos para que las políticas públicas logren su objetivo. “Hay que buscar la armonía de todas las políticas públicas para obtener la eficiencia” dijo.
