Las 150 familias afectadas por la quiebra de la Corporación Delta Intur advirtieron este lunes a la justicia que los principales accionistas de esa empresa pretenden evadir la justicia bajo el alegato de que no residen en el país.

Dijeron que por tal razón se justifica la medida de coerción dictada por el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que ordenó el arresto del grupo por negarse a presentarse ante el tribunal luego de ser sometidos a la justicia bajo la imputación de distraer más de mil 500 millones de pesos.

La advertencia fue hecha a través de un comunicado firmado por los abogados Luis Miguel Rivas, Eric Raful Pérez, Santiago Rodríguez, Gustavo Biaggi, Lincoln Hernández Peguero, Hipólito Herrera Vasallo y Laura Acosta Lora.

Afirmaron que la admisión pública de la empresa, de que sus accionistas principales no reconocen el domicilio legal declarado en la ciudad de Santo Domingo, justifica con más razón las medidas de coerción.

Al negarse a comparecer ante los tribunales dominicanos bajo el alegato de que no residen en el país, los señores Leonardo Sánchez Heredero Alvarez, Mariano Vallejo Martín y José Ignacio Martín Moina, pretenden eludir la acción de la justicia declarando distintos domicilios, de acuerdo a su conveniencia, expresan los abogados de los reclamantes en un documento de prensa.

Mediante la acción legal contra los empresarios españoles y los ejecutivos locales de Delta Intur, se procura la devolución a los tenedores de bonos y papeles comerciales de unos 700 millones de pesos de capital y 315 millones de intereses y moras acumulados a la fecha, dejados de pagar desde que la empresa comenzó a mostrar señales de insolvencia a principios de 2012.

Declaración jurada

Los representantes de la familias afectadas suministraron copia de una declaración jurada del gerente general de Delta Intur, Julio José Vega López, en la que se establece que el domicilio legal de esa empresa está situado en la calle Lope de Vega número 35, esquina Max Henríquez Ureña, de la ciudad Santo Domingo.

La declaración jurada, certificada por el notario público José Humberto Bergés Rojas, está fechada el 15 de diciembre de 2009 con motivo de la emisión de un programa de bonos corporativos por mil 300 millones de pesos de la Corporación Delta Intur.

El argumento de los ejecutivos de Delta Intur es que ellos no tienen domicilio en la República Dominicana; pero resulta que el tribunal y la fiscalía les citaron varias veces a la Lope de Vega número 35, domicilio declarado como propio por ante el registro mercantil de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, dijeron los abogados en el comunicado.