Los diputados integrantes de la comisión que estudia el Proyecto de Ley de Movilidad, Transporte y Seguridad Vial estimaron que actualmente en el país existe la suficiente voluntad política para imponer orden en el transporte, reduciendo a una las instituciones estatales que supuestamente regulan el sector, modificando el sistema de imposición de multas, protegiendo a los chóferes públicos a través de la seguridad social y particularmente, eliminando o focalizando los subsidios vigentes.

Los legisladores indicaron que el transporte es una de las principales actividades económicas existentes en el país, pero con un desorden tan grande que en vez de ser un aportador neto de recursos fiscales, debe ser subsidiado, pese a la gran cantidad de dinero que mueve.

De ejemplo, pusieron el transporte de pasajeros sólo en el Distrito Nacional, donde cada día esa actividad genera un movimiento económico de 60 millones de pesos, que al mes son mil 200 y al año supera los 14 mil millones de pesos.

Opinaron que una actividad productiva que genera esa cantidad de recursos no tiene necesidad de que el Estado la subsidie.

El planteamiento fue realizado por los diputados Rafael Tobías Crespo (PLD-Distrito Nacional), autor del proyecto; Hugo Fortuna (PLD-Santo Domingo Este), presidente de la comisión de Obras Públicas y Comunicación Vial; Ricardo Contreras (PLD-Monte Plata), presidente de la subcomisión especial que estudia el proyecto, y Henry Merán (PLD-San Juan), presidente de la comisión de Seguridad Ciudadana, quienes participaron como invitados al almuerzo semanal de los medios de comunicación del Grupo Corripio.

En la actividad estaba prevista la participación del diputado Juan Hubieres (PRD-Monte Plata), quien por razones no explicadas no estuvo presente, lo que lamentaron los periodistas debido a la principalía que tiene como líder de una de las más importantes agrupaciones de propietarios, chóferes y cobradores de medios de transporte público.

Los demás diputados participantes en el almuerzo destacaron el dinamismo y entusiasmo del diputado Hubieres, en su participación en los trabajos de la referida comisión.

Crespo, autor del proyecto, indicó que una de las principales medidas que propone es reducir a una las entidades estatales que inciden en el sector transporte.

Actualmente estas entidades son la Dirección General de Tránsito Terrestre (DGTT), del Ministerio de Obras Públicas; la Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT); la Autoridad Metropolitana de Transporte (Amet); la Oficina Metropolitana de Transporte (Onsa); la Oficina para el Reordenamiento del Transito (Opret); y la Oficina del Fondo de Desarrollo del Transporte (OFDT). De todas sólo una ha sido creada mediante una ley, las demás han sido por decreto.

Su fusión, crearía el Instituto Nacional de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (Intrant), con personalidad jurídica y autonomía administrativa, financiera y técnica, adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

El legislador dijo que además de las entidades antes citadas, en la regulación del transporte inciden, además, las direcciones municipales de tránsito que operan en cada una de las alcaldías existentes en el país.

Los participantes en el encuentro reconocieron que existen muchos intereses que serán tocados con la implementación de la referida propuesta de ley, por lo que estiman que su aplicación debe ser en el mediano y largo plazo, como ocurrió con la Ley de Seguridad Social, a la cual se le dio un plazo de aplicación de 10 años.

Propusieron que la ley de tránsito, debido a los intereses que tocaría su aplicación, además de la gran cantidad de recursos necesarios para ello, se implemente en un período de entre 10 a 20 años, plazo igual al que tiene la implementación de la Estrategia Nacional de Desarrollo.

Entienden que la solución del desorden del tránsito va de la mano con otro problema nacional, que es la educación.

Por ello, entre otros propósitos, plantean que en coordinación con el Ministerio de Educación, se introduzcan la educación vial en el currículo de los centros educativos preuniversitarios, aprovechando los nuevos horarios extendidos de docencia que van junto a la reforma del sector educación.

Otra de las propuestas es buscar mecanismos para que los chóferes entren a la seguridad social, particularmente en sus planes de salud y pensiones.

UN APUNTE

Hubieres

Los periodistas presentes en el almuerzo lamentaron que el diputado Juan Hubieres, miembro de la comisión que estudia el proyecto e invitado a la actividad, no pudiera participar, debido a su principalía como líder del sector.