El informe sobre ejecución de la inversión pública 2012 que el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo entregó al Congreso Nacional permitirá al país evaluar la correspondencia entre el gasto y los objetivos nacionales, por estar relacionado por primera vez con la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo.

Así lo destacó el director de Inversión Pública del Ministerio, Miguel Hernández, quien también resaltó el valor político que el informe 2012 tiene para los legisladores, al describir en un anexo la inversión por provincias y municipios y en per cápita.

El funcionario, acompañado del consultor internacional en inversión pública Gustavo Saldarriaga, asesor del MEPyD, fue entrevistado por los periodistas Manuel Jiménez y Felipem Ciprian en Propuesta de la Noche por Digital 15, donde recordó que aunque el informe es semestral, esta vez por instruccionesdel Ministro Temístoles Montás, se depositó una rendición anual.

Además de la Ejecución Físico Financiera de los Proyectos de Inversión Pública enero-diciembre 2012, se depositó en el Congreso Nacional la Distribución de la Inversión Pública según objetivos específicos de la Estrategia Nacional de Desarrollo y la Distribución de la Inversión Pública Territorial 2012, por provincias y municipios.

Hernández contrastó el monto invertido en los proyectos que fueron ejecutados en 2009, que ascendió en términos absolutos a 49 mil millones con los de 2012, unos 106 mil millones, una diferencia que supera la mitad de la imversión del Estado, de acuerdo a una nota de la Unidad de Comunicaciones del Ministerio de Econoímía.

Explicó que de esos 106 mil millones unos 69 mil millones se destinaron a proyectos que impulsan el eje tres de la Ley de Estrategia (productividad y competitividad), relacionados con infraestructura física y con el desarrollo productivo en general y, de esta última suma, el 30%, unos 28 mil 647 millones, a proyectos de cohesión social, los que crean valor en los sectores sociales.

El director de Inversión Pública comentó que el informe tiene como instrumento su origen en la Ley 498-06 que creó el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública, el que entró en vigor a partir de 2007, cuando dijo que todavía no era tan valorado como ahora por el Poder Legislativo.

Pero de unos años acá, estas herramientas son altamente valoradas, al punto que junto al ministro (Temístocles Montás) tenemos que presentarlas cada año a los legisladores, quienes nos someten a cuestionamientos sobre cómo se ejecutó la inversión y demandaron la entrega, por primera vez, de un anexo que describiera la inversión pública territorial, dijo.

De su parte, el consultor Saldarriaga manifestó su complacencia por el hecho de que después de mirar los diferentes sistemas de inversión pública en los 25 países de América Latina y el Caribe el del país haya sido orientado a pagar la deuda social común en Latinoamérica.

Resaltó los altos niveles de pobreza causados, sobre todo, por los muy bajos niveles de educación, tenida ahora en el país como una prioridad con el 4%, lo que calificó como un granito que marca la inversión pública dominicana a partir de 2013.

Agregó que la razón de que dicha inversión sea destinada a la educación se relaciona con el consenso entre especialistas, que uno de los factores clave para el desarrollo de un país es la inversión en capital humano.

El reto ahora lo tienen las instituciones de educación para ejecutar esos recursos, que el Ministerio de Educación ingrese a un proceso de fortalecimiento que le permita llevar a buen término esos ingentes recursos, a fin de incrementar los niveles de educación y comenzar a pagar esa deuda social con la población más pobre, dijo.