El director ejecutivo del Consejo Nacional del VIH y el Sida (Conavihsida) sostuvo que el proceso de legalización del aborto es irreversible en todo el mundo, sobre todo cuando está en riesgo la vida de la madre y que finalmente los estados adoptarán una actitud sincera frente a un problema social real que actualmente se cobra la vida de millares de mujeres por las condiciones de ilegalidad en que se realiza.
«Personalmente como ginecólogo no haría nunca abortos por un capricho de nadie, pero ello no nos impide ver que éste es un grave problema sanitario, con una compleja urdimbre de variables que incluyen el peligro de muerte para la mujer y circunstancias en las cuales es ella quien debe decidir sobre un embarazo en condiciones no deseadas o impuestas por la vía de la violación o el incesto. El pecado está, en esos casos, en el violador o el incestuoso, no en la mujer que resulta una doble víctima», afirmó a El Nacional el doctor Terrero.
El director del Conavihsida habló ayer en el inicio del taller de sensibilización a personal de salud respecto de poblaciones claves en la transmisión del virus del VIH: gais, transexuales, hombres que tienen sexo con hombres y trabajadoras sexuales, realizado en el hotel Lina Barceló, entrenamiento apoyado por Heartland Alliance International, con la asistencia docente de su directora, la doctora Letizia Cuozo.
«La Iglesia no puede seguirse oponiéndose a todo: a los anticonceptivos, al condón, al aborto cuando es la alternativa para salvar la vida de la madre. República Dominicana no puede seguir formando parte de los únicos seis países en el mundo que imponen una prohibición total al aborto, criminalizando incluso a madres y médicos, cuando existen condiciones de muerte para la mujer embarazada», afirma.
Dice Terrero que el nuevo papa Francisco ha avanzado reflexiones sobre un tema tan delicado y que su postura trazará nuevas normas de comportamiento, distintas a las radicalidades que se manifiestan en el momento presente.
Víctor Terrero destacó que las iglesias no deben presionar a los poderes públicos para que su visión teológica se impuesta a toda una población que necesariamente no comulga con esos postulados eclesiales.
«El tema del aborto es de salud pública. Las mujeres dominicanas pagan todos los años un precio muy alto en vidas e índices de salud deteriorada y afectada de por vida, en una situación dramática que no tiene nada de cristiana», sostuvo, al entender que el presidente Danilo Médica hizo lo correcto al observar el nuevo Código Penal.
Indicó que el presidente Medina tiene la facultad de escuchar los clamores de la población y el sentido irrefutable de la justicia, antes de proceder a promulgar una ley que puede condenar a inocentes y distorsionar los roles de víctimas y culpables, invirtiendo sus posiciones.
UN APUNTE
Un atentado
Durante una parada montada hoy, Día de los Derechos Humanos, organizaciones de mujeres y la Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres, Sergia Galván, vocera de las manifestantes, dijo que la penalización absoluta del aborto es un atentado contra los derechos humanos de las mujeres, un problema de salud pública, de justicia social y de democracia. «Queremos un Estado garante de los derechos humanos de toda la ciudadanía y respetuoso de la libertad», dijo
