El Nacional
El sistema dominicano de la Seguridad Social no ha podido cumplir con todas sus expectativas por razones estructurales, una lucha de intereses, a veces abierta y otras soterrada; costumbres, malos hábitos de trabajo y otros factores negativos, destacaron los principales funcionarios de las agencias gubernamentales participantes en el sistema.
Indicaron que pese a estos factores adversos, la situación de la salud de millones de personas en el país ha cambiado en los últimos siete años y hoy reciben servicios que antes ni soñaron tener.
Además de ello, indicaron que por concepto de los fondos de pensiones, el país ha logrado un ahorro interno, ascendente al 6 de marzo de este año a la suma de 73 mil 257.1 millones de pesos, que representa ya el 5.3 por ciento del producto bruto interno y que tiene la potencialidad de convertirse en la principal fuente de financiamiento de importantes proyectos de inversión, incluyendo viviendas económicas.
Los funcionarios destacaron que un acuerdo realizado en el Palacio Nacional, en diciembre de 2006, entre todos los actores del sistema y que rebasó e impuso situaciones de hecho al Consejo Nacional de la Seguridad Social por encima de la ley, para permitir la entrada en funcionamiento del Seguro Familiar de Salud, ha imposibilitado poner en funcionamiento mecanismos importantes de la ley, como son los centros de atención primaria.
Una referencia a que ese acuerdo en el Palacio Nacional es, a la Ley de Seguridad Social, lo que ha sido el Acuerdo de Madrid a la Ley General de Electricidad, no gustó a varios de los funcionarios.
Los planteamientos, cifras y aspiraciones del sistema dominicano de la Seguridad Social fueron externados ayer durante su participación en el almuerzo semanal de los medios de comunicación del Grupo Corripio, por el doctor Max Puig, secretario de Trabajo y presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social; la licenciada Ilse Mena, gerente general del CNSS; Julio Sanz, subsecretario de Trabajo, y los superintendentes de Pensiones, licenciada Persia Alvarez y de Salud y Riesgos Laborales, licenciado Fernando Caamaño.
En su participación, destacaron que en los siete años de la Ley 87-01, los logros que se han obtenido en los regímenes contributivo y subsidiado, así como en el patrimonio de los fondos de pensiones, han sido extraordinarios.
Puig recordó que durante décadas el establecimiento de un verdadero sistema de seguridad social se constituyó en una asignatura pendiente para el pueblo, y la aprobación de la Ley 87-01 previó el establecimiento de ese sistema y abrió las puertas para ir cosechando excelentes logros.
Asimismo, indicó que esa ley previó que el sistema era de carácter universal y solidario, pero también estableció el principio de la gradualidad, es decir, que el sistema se iría construyendo progresivamente.
Un inicio importante, dijo, fue el desarrollo del renglón pensiones en base al sistema de capitalización que arrancó en 2003, pero hubo que esperar hasta septiembre de 2007 para el establecimiento del Seguro Familiar de Salud.
Caamaño dijo que dada la complejidad del sistema era de esperarse que estuviésemos algunos escollos inicialmente con el régimen contributivo de salud, porque incorporaba una serie de actores que no habían tenido precedentes de regulación, de normativas que les definieran qué tenían que ofrecer y a qué precio se le iba a ofrecer.
Explicó que a pesar de las crisis y de un país con muchas precariedades los agentes de la Seguridad Social están optimistas de lo que están haciendo, tanto en el sistema de dicha Seguridad como en el sistema de salud, a pesar de lo que podamos esperar en un año que se prevé será muy difícil.
La ausencia de un protocolo de servicios para el primer nivel de atención sanitaria, que debe elaborar Salud Pública, es la ausencia que determina que los afiliados al régimen contributivo tengan que pagar cuotas adicionales por las consultas.
La explicación la ofreció Caamaño, quien admitió que aunque el mecanismo de co-pago debe existir en cualquier sistema de salud, una facturación excesiva del mismo se siente en los ingresos de los usuarios.
Mena recordó que para poner en vigor la Ley de Seguridad Social, en septiembre de 2007, las autoridades tuvieron que conceder una serie de reclamos a los prestadores de servicios, reclamos que culminaron con la flexibilidad del primer nivel de atención de salud.
Se dejó que ese primer nivel de atención, que según la ley debe ofrecer un médico de familia o un internista, se aplicara en el camino, pero eso duele en el bolsillo del afiliado, porque éste sigue yendo donde el especialista por cualquier afección, dijo.
